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ETA.-Las asociaciones judiciales responden a Otegi que es ilegal detener procesos judiciales por razones políticas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Las principales asociaciones de magistrados coincidieron hoy al señalar que no es posible la detención de procesos judiciales contra delitos de terrorismo por motivos políticos, o en el marco de un proceso de paz en el País Vasco, respondiendo así al líder de la extinta Batasuna, Arnaldo Otegui, que reclamó el fin del procesamiento de presuntos etarras como condición al diálogo para la solución del conflicto vasco.

Para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), aceptar esta petición supondría "violar la Constitución", según afirmó su portavoz, José Manuel Suárez, en declaraciones a Europa Press. Suárez consideró que es una solicitud ilegal y contraria a la constitución, y coincidió con las palabras del portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, al afirmar que en España se aplica la Ley y no "criterios de oportunidad".

"OÍR A LAS VÍCITMAS"

"Esto es absolutamente imposible", insistió al referirse a la reclamación de Otegi. Para Suárez, esta posibilidad no cabe con arreglo a la Carta Magna, y habría que "cambiarla para eso o violarla", porque, según explicó, no es posible ningún tipo de actuación que suponga dejar de aplicar la ley.

Asimismo, señaló que la ley prohíbe también los indultos generales, producto de un pacto que entendía que las amnistías o los indultos generales "eran absolutamente imposibles en un estado democrático". En este sentido, comentó que sí cabrían indultos a título individual, pero recordó que esa posibilidad exige oír a las víctimas, al tribunal sentenciador y al Fiscal. "Todo eso hay que tramitarlo y la responsabilidad de la decisión sería del Gobierno y del Ministerio de Justicia", dijo.

UTILIZAR LA POLÍTICA PENITENCIARIA

Por su parte, Edmundo Rodríguez Achútegui, dijo "coincidir plenamente" con la opinión de Enrique López, ya que a su juicio "no se puede detener por razones políticas una instrucción en marcha". Así, añadió en nombre de Jueces por la Democracia (JpD) que no es posible hacer una amnistía general porque lo prohíbe la Constitución, aunque aseguró que no cree "que nadie pretenda" esta posibilidad.

Rodríguez señaló a Europa Press que todo Poder Ejecutivo tiene sin embargo una serie de facultades a su disposición, sin necesidad de que se trate del marco de un proceso de paz, tales como el derecho de gracia o indulto, y "muchas formas de modular la política penitenciaria", donde se pueden adoptar "todo tipo de medidas que propicien lo que se considere oportuno en cada caso".

"LOS DELITOS SE DEBEN PERSEGUIR"

Para Manuel Torres, portavoz de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (FV), si hay un proceso abierto, el proceso debe continuar de modo normal, porque el Código Penal establece que los delitos se deben perseguir. "Otra cosa es que el Ejecutivo tiene la facultad de ordenar el derecho de gracia, pero los procedimientos abiertos contra los criminales deben continuar de modo normal", explicó a Europa Press.

En este sentido, compartió la opinión del portavoz del CGPJ, al señalar que los tribunales actúan "bajo el criterio de legalidad y no de oportunidad" y añadió que también "es imposible cualquier amnistía". Asimismo, al respecto de las investigaciones policiales, recordó por último que los poderes públicos tienen la obligación de promover la investigación de la comisión de delitos, "y no hacerlo les puede hacer incurrir en responsabilidad", concluyó.
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