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Archivo.-Las Cortes de CyL presentan sus alegaciones a los recursos del Gobierno contra las leyes que blindan el archivo

VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

Las Cortes de Castilla y León presentaron sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional a los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno central contra las dos modificaciones a la Ley de Archivos y Patrimonio Documental y a la Ley de Patrimonio Cultural que fueron aprobadas en diciembre del pasado año con el fin de "blindar" el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y evitar la salida de documentos.

En relación a la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León, el Parlamento regional niega que la ley recurrida cuestione la titularidad y la gestión de los archivos estatales y asegura que esta circunstancia no impide la consideración de los mismos como bienes del Patrimonio Histórico de la Comunidad.

Asimismo, las Cortes afirman que no es posible ignorar que tanto el Archivo de Salamanca, como el de Simancas o el de Chancillería de Valladolid tiene un especial significado para la historia de Castilla y León y que la inclusión de estos archivos de titularidad estatal en el sistema de archivos de la región no es inconstitucional en base a la sentencia 103/1988 de 8 de junio del Tribunal Constitucional.

Por lo que respecta a la ley 8/2004 por la que se declaran Bien de Interés Cultural las colecciones que se encuentran en los archivos de Salamanca, Simancas y Chancillería de Valladolid, las Cortes regionales recuerdan la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de Patrimonio Histórico según se recoge en el Estatuto de Autonomía.

Asimismo, recuerda que son las comunidades autónomas quienes tienen la competencia para declarar un bien de interés cultural aunque el Estado en determinados casos singulares también puede proceder a dicha declaración. En dichos supuestos la declaración por parte de la Comunidad de dichos documentos como Bien de Interés Cultural no puede suponer alteración alguna de titularidad y la gestión que el Estado ejerce.

Las Cortes de Castilla y León alegan además que no se introduce modificación alguna en el régimen jurídico de las colecciones documentales de los archivos estatales y que no se menoscaban las competencias del Estado. Con la ley impugnada la Comunidad de Castilla y León busca reconocer la importancia que para su patrimonio tienen estas colecciones autoimponiéndose la obligación de colaborar con el Estado.

En sus alegaciones, el Parlamente regional solicita al Tribunal Constitucional que levante la suspensión de las dos leyes regionales recurridas al considerar que al no incidir en las competencias del Estado "su aplicación no perturba la gestión de éste sobre sus archivos".

Además, las Cortes de Castilla y León piden al Tribunal que aplique la doctrina establecida en el auto 175/2002 de 1 de octubre en el que se acordó levantar la suspensión de la vigencia de los preceptos que la ley de Cataluña 10/2001 de 13 de julio, de Archivos y Documentos, por los que se incluyeron expresamente en el sistema de archivos catalanes el Archivo de la Corona de Aragón y los archivos histórico provinciales, todos ellos estatales.