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Facturas.- 'Manos limpias' se querella contra Garvín, Naranjo, Gómez y los cinco ya denunciados por Fiscalía

Justo un mes después de la denuncia de la fiscal, el colectivo de funcionarios incluye finalmente un delito de prevaricación en el caso

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El Colectivo de Funcionarios Públicos 'Manos limpias' formalizó esta mañana en el juzgado la presentación de una querella contra un total de ocho personas por el caso de las facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla, incluyendo como querellados a las cinco personas ya denunciadas por la Fiscalía, a la concejal de Participación Ciudadana, Paula Garvín, al ex concejal de Hacienda y del Distrito Macarena Carmelo Gómez y la actual consejera de Gobernación de la Junta, Evangelina Naranjo.

En declaraciones a Europa Press, la abogada de 'Manos limpias' Arancha González explicó que, en el ejercicio de la acción popular, se ha incluido en su querella al empresario José Pardo, que cobró dos facturas falsas al Consistorio, el ex concejal de Salud y Consumo José Antonio García, el ex director de Area de Salud y Consumo José Marín, un socio de Pardo llamado Jesús Barrera y un empleado municipal del Distrito Macarena, Manuel Portela.

La letrada señaló que Garvín y Naranjo figuran en el documento presentado hoy en el Juzgado de Instrucción número 15, que investiga el caso, "porque motivaron el cambio en la fórmula de pagos, con favoritismo hacia ciertas empresas en la adjudicación de obras".

La portavoz de IU, según se refleja además en la querella, "efectuó en agosto de 2004 dos órdenes de pago a favor de una empresa relacionada con José Pardo". Respecto a Carmelo Gómez, dijo la abogada que "aplicó un procedimiento sin publicidad que adjudicaba obras a tres empresas relacionadas igualmente con Pardo".

El juzgado tendrá que admitir a trámite la querella, si bien desde el sindicato esperan que así sea ya que está en términos muy similares a los expuestos por la Fiscalía, con la diferencia de la inclusión de las tres personas referidas. Igualmente, al tratarse de un sindicato no subvencionado, no creen que se les imponga una fianza para ejercer la acción popular, formalizada hoy en un desplazamiento desde Madrid a Sevilla.

PREVARICACION

El colectivo, justo un mes después de que la Fiscalía interpusiera denuncia en los juzgados, ha puesto hoy en conocimiento de la instructora que los hechos pudieran ser constitutivos de delitos continuados de falsedad en documento oficial y mercantil, de malversación de caudales públicos y de prevaricación, sin que al final se haya incluido el tráfico de influencias como pensaban hacer en un principio tras unas últimas matizaciones en su escrito.

Es la línea de investigación que ha llegado a los juzgados en torno a las facturas falsas, de la que se hizo cargo en marzo la fiscal María Dolores Villalonga a raíz de la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal Andalucista, a la que se unió después la documentación aportada por el alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, relativa al escrito recibido a nombre del administrador único de Contratas y Obras Sevilla S.L., David Velázquez, en el que afirmaba que había facturas correspondientes con obras que no desarrolló.

La Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción remitió hace unas fechas al Ministerio Público hispalense la denuncia interpuesta por 'Manos limpias', en la que hacían referencia al estado de "alarma social" creado por el caso. Anticorrupción explicó al sindicato que, por su naturaleza y alcance, los hechos denunciados no eran competencia de esta Fiscalía Especial, con sede en Madrid, remitiéndolos a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla.

El sindicato decía en su primera denuncia que "se precisa que los mecanismos del Estado de Derecho se pongan en funcionamiento para depurar las responsabilidades penales pertinentes" ya que el pago de fondos públicos por parte del Consistorio a Contratas y Obras de Sevilla (COS) es un "escándalo nacional" y en un "clima de corrupción por parte de los poderes públicos, de los representantes de los ciudadanos, que lesionan gravemente el Estado de Derecho y la credibilidad de instituciones".

"No se puede cerrar el escándalo con dimisiones políticas y alegando error en la tramitación de los expedientes", en referencia a la salida hecha pública el sábado 19 de marzo del entonces concejal de Salud y Consumo, José Antonio García, y su director de Area, José Marín. Incidían en su denuncia en que "la dimisión de dos políticos por el caso denunciado puede que cierre la responsabilidad política, pero de ello se han derivado consecuencias penales que deben tener su cauce a través de la Fiscalía y de la acción popular". Concluían que "la argucia de recurrir a echar la culpa a un error administrativo no es más que salida falsa a efectos políticos y administrativos de los responsables".

DENUNCIA DE LA FISCALIA

Según explicó a Europa Press el secretario general del sindicato, Miguel Bernad, la querella se dirige contra las ocho personas por los delitos comentados sin que se asigne uno u otro a los que aparecen como querellados, algo que se determinará en un momento posterior del proceso, según añadió la abogada, que hizo referencia a la coincidencia en algunos puntos con la denuncia de la Fiscalía.

La Fiscalía argumentó su denuncia en que entre el 5 de diciembre de 2002 y el 31 de marzo de 2003, José Pardo y Jesús Barrera, sin conocimiento del administrador único de COS, firmaron con José Marín, secretario del Distrito Macarena, 28 adjudicaciones de obras menores de carácter urgente, consignando en los documentos correspondientes, como empresa adjudicataria a COS, y señalando como representante de la misma a José Pardo García.

Según el Ministerio Público, de las 28 obras, dos al menos, consistentes en la demolición de los módulos sitos en la Plaza de la Iglesia de la barriada de San Diego y frente a la barriada de Las Almenas, no se ejecutaron, "dándolas por hechas" el empleado municipal encargado de su verificación, Manuel Portela Alcántara.

Igualmente, la Fiscalía señaló que Pardo entregó a Marín el 7 de mayo de 2003 las 28 facturas, incluidas las relativas a las obras no ejecutadas, admitiéndolas no obstante todas ellas el Secretario del Distrito Macarena y extendiendo los cheques de la cuenta de la que el Distrito Macarena es titular en la Caja de Ahorros El Monte, como nominativos a favor de COS, firmándolos José Antonio García.

De esta forma, el Ministerio Fiscal sostiene que "José Pardo cobró por ventanilla, en la citada sucursal bancaria de calle León XIII, los 28 cheques, los días 8 y 9 de mayo de 2003, exhibiendo simplemente su DNI", mientras que el concejal José Antonio García "prestó su conformidad a la cuenta así elaborada, estampando su firma al pié de la misma el día 24 de enero de 2005, presentándola para su aprobación en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla convocada para el día 10 de marzo de 2005".