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Un perito reconoce que la prueba caligráfica contra un médico acusado de estafar no es válida

MALAGA, 25 (EUROPA PRESS)

El perito que realizó la prueba caligráfica sobre las 406 recetas firmadas, al parecer, por un médico acusado de un delito de falsedad para estafar, aseguró hoy en el juicio que no es válida y que habría que realizar un nuevo informe, ya que dos de los documentos usados para comprobar su firma no fueron rubricados en presencia de un secretario judicial.

En el interrogatorio hecho por el defensor del facultativo, el perito dijo que las dos recetas utilizadas, pruebas que no fueron realizadas en presencia judicial, tuvieron una "notable" incidencia en las conclusiones del informe, en el que se determina que las firmas fueron realizadas por dicho imputado.

En este punto, la fiscal pidió, con la adhesión de la acusación particular, la elaboración de un nuevo informe pericial en este sentido, sobre lo que dos de los tres abogados expresaron sus reticencias, al indicar que supondría un retraso. Así, el defensor del médico manifestó que "con esto, se cae toda prueba" contra su patrocinado.

La Sala acordó no realizar dicho informe, al considerar que "no es una revelación inesperada, sino el resultado de la práctica de una prueba, donde se ha cuestionado la autenticidad de los documentos que sirvieron como prueba in dubitada", ya que dichas recetas "no se elevaron a presencia del secretario judicial que diera fe de que fueran realizados por el imputado".

El facultativo Juan Pedro R.C. declaró ayer no tener relación con este caso e incluso aseveró que no conoció al farmacéutico imputado hasta que se señaló por primera vez el juicio, en mayo del pasado año; no así al otro acusado, un visitador médico, al que trató por la petición de la invalidez y del que dijo que es "un psicópata" que tiene "afán de perjudicar a las personas que les favorecen".

Por un lado, la Fiscalía de Málaga imputa al farmacéutico un primer hecho, cometido a finales de 1998, al considerar, según la calificación provisional, que para obtener beneficios ilícitos despachaba medicinas a centros geriátricos, de forma que manipulaba las recetas sobre escribiendo otro medicamento e "imitando la firma del médico como si tal enmienda hubiera sido hecha por éste".

Asimismo, la Fiscalía relaciona a los tres acusados en la falsificación de 1.000 precintos de tres productos concretos que se recortaban y se pegaban a recetas oficiales, de forma que se obtenía beneficio cobrándolas al Servicio Andaluz de Salud (SAS). En el escrito se especifica que se presentaron de esta forma 406 recetas.