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El fiscal mantiene su petición global de casi 10 años para cuatro presos por una revuelta en Villanubla (Valladolid)

Los acusados aprovecharon el juicio para denunciar la política "represiva" que, en su opinión, se practica en el centro

Un testigo que llegó esposado desde Dueñas tuvo que ser desalojado a la fuerza tras agredir a uno de los acusados

VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

El Ministerio Fiscal mantuvo hoy su petición de penas que globalmente se elevan a casi 10 años de cárcel para cuatro presos que en diciembre de 2002, fecha en la que todos ellos tenían la calificación de FIES por su extrema peligrosidad, protagonizaron una revuelta en el Centro Penitenciario de Valladolid, sito en Villanubla, que concluyó con cuatro funcionarios lesionados y numerosos desperfectos en sus celdas.

La vista, a cargo del Juzgado de lo Penal número 1, se celebró en la sala más próxima al ascensor procedente de los calabozos y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, como demostrarían los seis policías nacionales y siete guardia civiles, estos últimos con sus porras permanentemente desenfundadas, que se apostaron alrededor de los cuatro reclusos durante todo el juicio en previsión de posibles situaciones de riesgo.

Pese al gran número de efectivos de ambos cuerpos desplegados, junto con los dispuestos fuera de la sala y en las inmediaciones del edificio, el susto de la jornada lo protagonizó un testigo, también recluso y procedente de la prisión de Dueñas (Palencia), que nada más comparecer ante la juez aprovechó para propinar un fuerte revés con sus esposas al acusado que tenía más cerca, en este caso David M.C. Este último comenzó a sangrar por la nariz y fue necesario interrumpir el juicio durante unos minutos, el tiempo preciso para que el lesionado fuera atendido por una forense y el agresor desalojado de la sala y conducido nuevamente a prisión, sin ni siquiera testificar, según pudo presenciar Europa Press en el lugar de los hechos.

Antes de que se produjera dicho incidente, los cuatro acusados, David M.C, Eugenio G.S, Luis Miguel M.C. y José Antonio V.P, convirtieron el proceso en un juicio paralelo contra la política "represiva y torturadora" que, según denunciaron, se practica en el Modulo 7 con los reclusos incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES).

En ese contexto enmarcaron los acusados los incidentes iniciados el día 18 de diciembre de 2002 cuando David M.C, quien llevaba tres meses en régimen de aislamiento y había solicitado un médico, rompió la bombilla de su celda, amenazó con cortarse el cuello y tuvo un enfrentamiento con los funcionarios que entraron a reducirle armados con cascos, escudos, chalecos y porras de goma.

Las protestas de otros internos por lo ocurrido con David M.C. se tradujeron al día siguiente en momentos de gran tensión en otras tres celdas del mismo módulo cuando el resto de los acusados, Eugenio G.S, Luis Miguel M.C. y José Antonio V.P, comenzó a destrozar los cristales de sus celdas y arrancar las manillas de las ventanas para utilizarlos luego como armas arrojadizas contra los funcionarios.

UNA "SANDIA NEGRA" POR CABEZA

Cuatro empleados públicos resultaron lesionados con cortes, golpes y fractura de un dedo, aunque la peor parte se la llevaron los protagonistas de la revuelta, dos de los cuales sufrieron rotura del tabique nasal. Un tercero, Luis Miguel M.C, recibió tantos golpes que cuando sus compañeros le vieron en la enfermería parecía que tenía por cabeza una gran "sandía negra. Al principio no le conocí y pensé que era un negro", relató Eugenio G.S. en referencia al estado en que quedó el referido reo tras los incidentes.

Pese a las denuncias de brutalidad realizadas por los presos, el Ministerio Fiscal mantuvo que la actuación de los funcionarios "fue la que tenía que ser. Hubo que actuar de manera contundente, no desproporcionada", y consideró acreditado que los acusados habían preparado bien la revuelta por cuanto previamente habían arrojado en el suelo de sus respectivas celdas agua y lejía para propiciar los resbalones de sus carceleros.

Por ello, el acusador público calificó los hechos de cuatro delitos de atentado a la autoridad, un delito de lesiones, cinco faltas de lesiones y cuatro faltas de daños y pidió para todos los acusados penas de 2,5 años de prisión, salvo en el caso de Eugenio G.S, para el que solicitó 2 años al aplicarle la atenuante derivada del trastorno antisocial que sufría. También interesó multas que en su conjunto suman 456 euros, junto con las indemnizaciones correspondientes a los agentes lesionados.

El defensor, por su parte, pidió la absolución de los cuatro reos acusados y fue especialmente crítico con la política penitenciaria que se aplica en el penal vallisoletano "puesto que convierte a las personas en guiñapos", al tiempo que extendió sus críticas a la actuación de los funcionarios, que calificó de "exagerada, totalmente desproporcionada e inhumana".