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Anse y Greenpeace presentan un recurso en el TSJ para paralizar las obras de Puerto Mayor en La Manga del Mar Menor

MURCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Las asociaciones Anse y Greenpeace presentaron hoy un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia solicitando la paralización de las obras de Puerto Mayor, informaron fuentes de ambos colectivos.

Ambas organizaciones pidieron que los arenales del entorno de Puerto Mayor "sean incluidos en la propuesta de Lugar de Interés Comunitario (LIC) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, ya que cuentan con valores naturales suficientes para evitar el desarrollo del proyecto urbanístico, promovido por la empresa que construye Puerto Mayor, propiedad del empresario Tomás Maestre".

Este recurso se suma al que el ministerio de Medio Ambiente presentó ante la imposibilidad de que las asociaciones se personen en el mismo como acusación particular, y tras pedir al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma que "declarara la nulidad de las Resoluciones que han permitido iniciar las obras de construcción del puerto deportivo, así como la caducidad de la concesión del mismo, y la urgente paralización de los trabajos que actualmente se realizan en la zona", indicaron fuentes de Greenpeace.

Ambas organizaciones basaron su petición en el cumplimiento del mandato del artículo 45 de la Constitución Española, ya que consideran "demostrado que las obras de Puerto Mayor ocasionarán daños de imposible reparación en el litoral de La Manga del Mar Menor".

Fuentes de esta organización afirmaron que con la construcción del Puerto "se elimina una gran playa de 600 metros de longitud y la ampliación del canal de comunicación de El Estacio incrementará la posibilidad de profundos cambios en la hidrografía, comunidades biológicas y salinidad del Mar Menor".

Como consecuencia, fuentes de esta organización advirtieron que "se propiciará aún más el crecimiento y expansión de especies como la 'Caulerpa prolifera', y la alteración de las condiciones que creaban las características singulares del Mar Menor".

Asimismo, esta construcción "representa una barrera al transporte de los sedimentos que han creado y alimentan La Manga del Mar Menor, sin que se haya previsto, en la Declaración de Impacto Ambiental, ninguna medida correctora al respecto para evitar o paliar este efecto negativo tan severo", indicaron fuentes de Greenpeace.

En esta línea, "las obras que se están ejecutando no son las autorizadas por el Consejo de Ministros de 4 de julio de 1975, sin que conste aprobación administrativa de que las mismas afectan a un LIC del que depende la propia estabilidad de La Manga y de las características del mar Menor, con incumplimiento del artículo 93 del Reglamento de Costas y el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats".

Como consecuencia, ambas organizaciones justificaron "la caducidad de la concesión de 4 de julio de 1975 en el tiempo transcurrido sin iniciar las obras, cuando este comienzo dependía sólo de la voluntad del concesionario".

Fuentes de esta organización prosiguieron haciendo referencia al "incumplimiento de las cláusulas de la concesión determinante de la caducidad, así como de la incompatibilidad de esa concesión con los criterios actuales de ocupación del dominio público marítimo-terrestre".

Tanto Greenpeace como Anse mostraron su preocupación "por la tardanza del juez en resolver la paralización de las obras, ya que éstas continúan, habiendo iniciado el relleno de parte del entorno del puerto y las playas próximas".