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Noticias jurídicasAVE.- Aída Álvarez se niega a contestar a la fiscal y afirma que no tiene 'nada que ver con el AVE'MADRID, 21 (EUROPA PRESS)La ex responsable de Finanzas del PSOE Aída Álvarez, para quien se piden 13 años de cárcel por su implicación en el "caso AVE", se negó a contestar a las preguntas que tenía previsto realizarle la fiscal Anticorrupción Teresa Gálvez durante la sesión de este juicio que se celebró hoy ante la Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid. Tampoco quiso responder al abogado del Estado ni a la acusación popular, ejercida en representación del PP. Álvarez se limitó a realizar una exposición inicial en la que señaló que no tiene "nada que ver" con las comisiones presuntamente ilícitas procedentes de las obras del AVE, del que sólo sabe que "funciona muy bien, el de Madrid-Sevilla, claro, el otro está por ver". A preguntas de su letrado, Francisco Montiel, lamentó que en esta causa traten de acusarla de financiar al PSOE con las mismas pruebas utilizadas en el "caso Filesa" para afirmar precisamente lo contrario. La intervención de Álvarez se vio retrasada después de que la procesada manifestara su deseo de declarar lo que supiera del caso, aunque sin tener que responder a ninguna pregunta. Su petición fue rechazada por la fiscal, que puso de manifiesto que esta circunstancia dejaría a las acusaciones sin capacidad de "indagación" sobre los hechos sometidos a juicio. Sin embargo, la solicitud fue aceptada por el presidente del tribunal, Jesús Fernández Entralgo, que lo justificó en el hecho de los interrogatorios de los acusados en los juicios se utilicen de forma frecuente a pesar de que su práctica no es obligada según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Fiscalía acusa a Álvarez de participar en la trama para el cobro y posterior entrega al PSOE de comisiones ilícitas procedentes de las obras del AVE a través de las empresas Distribuidora Express 2020 y Tecnología Informática 2020, que gestionaba junto a su marido, el también imputado Miguel Molledo. Al inicio de su declaración, Álvarez dijo que no era "inocente ni culpable", y que esperaba que la fiscal le dijera de qué se le acusa concretamente porque lo desconoce a estas alturas del proceso. "En su escrito sólo alude a que fui miembro del Comité Electoral del PSOE, lo que no creo que sea delito, y a las facturas de la sede (del partido) en Gobelas", dijo. Rechazó que pueda imputársele un delito de falsedad por la existencia de tres facturas giradas por sus empresas a la multinacional Siemens (adjudicataria de las obras del AVE) y a la intermediaria GMP consultores, puesto que el partido, que era su principal cliente, le pagó por todos los servicios que contrató. En una de las ocasiones, según Álvarez, ella misma acudió al servicio de Administración del PSOE y allí se le abonaron 70 millones de pesetas en metálico que ella sacó del edificio en una el pago por un servicio prestado al partido. "El partido me ha pagado mucho más de lo que yo gasté para efectuar el servicio solicitado, porque es lógico que sacara algún beneficio", insistió. DECLARACIÓN DE MOLLEDO. También comenzó hoy el interrogatorio a Molledo, quien dijo que "tras 17 a años de machaque familiar y periodístico" ni él ni su esposa son "personas normales", y pidió a las acusaciones que pensaran en lo que significan las condenas de cárcel tan elevadas que solicitan para ellos. "Estuve poco tiempo en prisión, pero me sentí como un pajarillo entre barrotes, lo peor es la falta de libertad", dijo. A preguntas de la fiscal, dijo que él se ocupaba del área comercial y tecnológica su empresa Tecnología 2020, mientras era su esposa la que llevaba el área administrativa. Mañana está previsto que continúe el interrogatorio de Molledo, al que seguirán los acusados que aún faltan por declarar, el diputado del PSOE Carlos Navarro y el ex administrador de Filesa Luis Oliveró. En este caso están procesadas un total al de 13 personas, entre las que se encuentran el ex ministro socialista Julián García Valverde ex directivos de la multinacional Siemens en nuestro país y otros implicados en sociedades intermediarias en el proceso de adjudicación de las obras, que se enfrentan a penas de entre 3 y 20 años de cárcel. |
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