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Economía/Empresas.-La Generalitat y la CAM se suman a Hacienda para pedir la retirada de dos síndicos de Grand Tibidabo

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La Generalitat y la Comunidad de Madrid, como acreedoras de Grand Tibidabo, se han sumado al escrito que el abogado del Estado, en representación de la Hacienda Pública, remitió en abril al juzgado de Barcelona que tramita la quiebra de esta sociedad para pedir una convocatoria de la junta de acreedores para cesar a los síndicos Manuel Hernández y Pau Vila por no haber defendido los intereses de Grand Tibidabo.

Con estas dos adhesiones, el escrito para cesar de su cargo a estos dos síndicos cuenta ya con el respaldo de cerca del 95% de los acreedores de Grand Tibidabo. La sociedad suma deudas de más de 32,1 millones, de los que cerca de 24,1 millones corresponden a un endeudamiento contraído con la Agencia Tributaria, lo que representa casi el 80% de la deuda total.

El abogado y miembro del consejo de administración Grand Tibidabo, Javier Bruna, anunció hoy este hecho durante la convocatoria de una junta informativa de accionistas en un hotel de Barcelona, en la que se volvió a pedir al Juzgado de Primera Instancia número 9 que tramita la quiebra de la sociedad, que la fije en mayo de 1994 para poder recuperar los activos y pagar a todos los acreedores y a los cerca de 10.500 accionistas de la empresa.

Los minoritarios destacaron que, de adoptarse esta medida, ello permitiría recuperar el complejo de Grand Península (Port Aventura) y también Guadalmina --que fue vendido después de 1996-- y reclamaron que se haga "justicia" tras diez años de reivindicaciones.

En el escenario de la junta, que contó con la asistencia de cerca de 120 personas, colgaban dos pancartas en las que podía leerse 'Grand Tibidabo: 11 años esperando justicia y 20 años de fraudes, engaños y robos' y 'Retroacción de la quiebra. Recuperación de los activos. Port-Aventura, Tibidabo, Golf Guadalmina, etc'.

JUNTA ILÍCITA.

Asimismo, Bruna explicó que el consejo de administración del que forma parte ha presentado hoy un escrito al Juzgado número 9 de Barcelona para pedir que se considere no válida la junta celebrada por la compañía en septiembre de 2003 en la que se aprobó la liquidación de la sociedad porque en ella figuraba como accionista José Azemar y José Luis Cañameras.

El Juzgado de Primera Instancia número 49 dictó hace unas semanas una sentencia por la que se declaraba la nulidad de la compra de acciones de Grand Tibidabo por parte de José Azemar y José Luis Cañameras, que adquirieron en 2002, según la sentencia de la juez, de forma fraudulenta a la sociedad Complata.

RECURRIDA EXCLUSIÓN EN BOLSA.

Bruna también anunció que el consejo de administración ha recurrido la resolución de la Dirección General de Política Financiera y Seguros de la Generalitat, con fecha 20 de mayo, de excluir de cotización la totalidad de las acciones representativas del capital de Grand Tibidabo por incumplimientos en su obligación de informar.

En este sentido, Bruna se preguntó por qué se ha adoptado ahora esta decisión, ya que "la situación es ilícita", pero "también lo era en 2000, 2001, 2003". "Queremos que se mantenga la cotización por si recuperamos activos", aseguró, ya que en ese caso los accionistas podrían vender sus títulos cuando quisieran".


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