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El fiscal pide al juez que mantenga la suspensión de las sociedades que financiaban a la Asamblea de Electos de Batasuna

Utiliza argumentos similares a los que planteará el fiscal en su recurso contra la sentencia del "caso Jarrai".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral pidió hoy al juez central de Instrucción número 5, Fernando Grande-Marlaska, que amplíe por otros tres años la suspensión de actividades de tres entidades a través de las cuales se financiaba Udalbiltza-Kursaal, Asamblea de Electos de Batasuna integrada en el entramado terrorista ETA-KAS-Ekin. Esta medida fue decretada por Baltasar Garzón hace dos años y el fiscal pide ahora que se prorrogue por tres años más, hasta llegar a cinco, el máximo previsto por la ley.

Se trata de las sociedades Udalbitzaren Elkartea, Udalbiltza Partzuergoa (Consorcio Udalbiltza) y Euskal Garapen Eta Kohesio Fondoa (Fondo Vasco de Cohesión y Desarrollo), a las que el juez Garzón suspendió sus actividades "de cualquier naturaleza pública, privada o institucional, en todos y cada uno de los ámbitos a los que extendieran su actividad".

Asimismo, el juez ordenó el bloqueo de sus cuentas y la clausura de sus locales y sedes, si es que los hubiera. El auto señalaba que las tres entidades, al haber sido creadas por Udalbiltza-Kursaal, "no pueden desvincularse de la suerte que corra la matriz de aquéllos, porque ello supondría aceptar que una o varias entidades creadas desde la ilicitud puedan 'sanar' esta circunstancia".

Fuentes jurídicas indicaron hoy que el fiscal Juan Moral utiliza en su petición de prorroga de la suspensión de actividades de estas sociedades argumentos similares a los que planteará la Fiscalía en su recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del "caso Jarrai". Entre ellas figuran otras sentencias en las que se diferencia entre banda armada y organización terrorista, ya que, en opinión de la fiscalía, la resolución contra los responsables de Jarrai confunde ambos términos.

Las fuentes consultadas indicaron que la organización terrorista es un término más amplio que engloba a la banda armada, pero también a sus sistemas de extorsión y financiación, su aparato de captación y hasta a sus colaboradores, que prestan a los miembros del frente armado alojamiento u otro tipo de infraestructura. De ahí que la equiparación de organización terrorista con banda armada implique dejar impunes delitos terroristas como el cobro del "impuesto revolucionario" o cualquier tipo de cobertura a ETA.

Además, el fiscal Moral hace hincapié en que los 21 responsables de Udalbiltza Kuursal procesados en la causa desde septiembre del año pasado son autores de un delito de integración en la organización terrorista ETA y que, en el caso de que no se mantenga la suspensión de las actividades de las sociedades implicadas, se corre el riesgo de reiteración delictiva.

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