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López Aguilar anuncia una nueva ley reguladora del proceso penal que 'sustituya a la centenaria' legislación vigente

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció hoy el compromiso del Gobierno de tramitar en el Congreso "una ley orgánica reguladora del proceso penal, que sustituya a la centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal, todavía vigente, que afecte a la prisión provisional y a la detención preventiva y, en particular, al régimen de incomunicación", de modo que "sirva para una política criminal garantista y respetuosa de los derechos fundamentales".

En respuesta a una pregunta de la diputada del PNV Margarita Uría, el ministro, en la sesión de control al Gobierno, afirmó que la reforma del proceso penal planteada "tiene interés porque afecta a uno de los problemas más relevantes de nuestro sistema procesal penal y lo que es más importante, a derechos fundamentales".

La reforma legal del proceso penal establecerá que "la incomunicación sea una medida excepcional, subsidiaria de todas las demás alternativas disponibles, y, en segundo lugar, que sea proporcionada a la finalidad de asegurar la investigación penal". Anunció que esta medida afectará "de manera preeminente a la delincuencia organizada" y será adoptada "de forma estrictamente judicial, con la garantía de que sirva a la aseguración de la justicia".

Explicó que la incomunicación de los detenidos y de los presos preventivos no debería afectar ni a sus familiares, ni a la defensa letrada, ni al derecho al reconocimiento médico, aunque matizó que podrá limitarse la libre elección de la asistencia letrada o médica, "cuando el juez llegue a la convicción de que en ese caso pudiera perjudicar a la investigación".

"Nuestra intención es que la regulación de la incomunicación, de la detención preventiva y de la prisión provisional sea proporcionada, se adopte motivadamente por el juez y sea respetuosa con los derechos fundamentales", insistió.

Concluyó subrayando "la necesidad de que el Estado de derecho sea capaz de desarrollar una política criminal creíble y efectiva contra la delincuencia organizada y el terrorismo".