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Fiscalía pide tres años y nueve meses para tres militares de Melilla acusados de traficar con 760 kilogramos de hachís

MELILLA, 28 (EUROPA PRESS)

El Ministerio Fiscal solicitó hoy una pena de tres años y nueve meses de prisión más multa por valor de 6,5 millones de euros a tres suboficiales del Ejército acusados de un delito contra la salud pública derivado de una intervención en la que se descubrieron 760 kilogramos de hachís en el interior de un camión adscrito al Regimiento de Ingenieros número 8 de Melilla.

En el juicio, celebrado hoy en los juzgados de Melilla, el brigada Rafael G. R., y los sargentos Manuel Angel A. D. y Juan José N. L., se enfrentaron a la citada pena solicitada por el Ministerio Público a tenor de los hechos ocurridos el 18 de noviembre de 2002, cuando la Guardia Civil descubrió 760 kilogramos de hachís en un camión del Regimiento de Ingenieros número 8 de Melilla que iba a embarcarse hacia Almería para participar en unas maniobras.

La Fiscalía, que en un principio declaró su intención de elevar la pena, aseguró que tras las declaraciones orales de los 25 testigos más las pruebas documentales se desprende de una manera "clara y evidente" que los imputados actuaron "de común acuerdo" con ánimo de pasar a la Península la droga para venderla posteriormente en Almería.

La Fiscalía mantiene que entre el día 15 y el 18 de noviembre de 2002, los acusados, "con mayor actividad del brigada Rafael G.", cargaron la droga en el vehículo con material de cocina en 22 bolsas de color azul y verde camufladas con azufre para que los perros de la Guardia Civil no los detectasen. Aseguró también que en la preparación de aquellas maniobras se cometieron muchos errores "a propósito" para pasar el vehículo sin que levantara sospechas.

Al mismo tiempo, no consideró casualidad la "actitud colaboradora" del mando del camión, el brigada Rafael G., en la carga del vehículo el día 15, impidiendo incluso que algunos soldados subieran al mismo. Tampoco es normal, según la Fiscalía, que la primera inspección a la que se sometió el convoy por parte de la Policía Militar, el perro detectara que había habido sustancias estupefacientes en las estanterías del almacén contiguo a la oficina que compartían los dos sargentos acusados.

Según la acusación, tampoco los guías de los perros recibieron aquel día la correspondiente lista del convoy, por lo que se dejaron sin revisar varios vehículos, entre ellos, el del camión que escondía la droga. "Curiosamente", según la fiscal, dos de los imputados coincidieron la tarde previa a la supuesta carga de la droga, no siendo normal, según algunos testigos, su presencia en el acuartelamiento en horario vespertino.

Por su parte, la defensa solicita la sentencia absolutoria para los tres acusados. La abogada defensora del sargento Juan José N., basó su alegato en que ningún testigo ha afirmado que el imputado estuvo presente en el momento de la carga del camión o que estuviera cerca del mismo porque no tenía ninguna responsabilidad y ni siquiera iba a ir a esas maniobras.

En cuanto a la inspección de la Guardia Civil cuatro días después en el acuartelamiento militar en la que el perro detectó "olores muertos" en las estanterías contiguas a la oficina que compartían los dos sargentos, la defensa argumentó que, según los especialistas, no se pudo precisar ni qué droga ni cuánto tiempo llevaba allí, ya que, basándose en algunos testimonios, "en el acuartelamiento se suelen fumar porros".

Las acusaciones contra el Brigada Rafael G. sobre la colocación de la droga fueron descartadas por la defensa basándose en las declaraciones del oficial de guardia quien aseguró que en la tarde del día 14 era materialmente imposible que hubiera cargado él solo 760 kilos de hachís.