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La Abogacía del Estado recurrirá la decisión del alcalde de Llodio de dejar intervenir a una plataforma ilegalizada

VITORIA, 29 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en País Vasco, Paulino Luesma, ha ordenado al Abogado del Estado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del alcalde de Llodio (Alava) de permitir la intervención en el pleno de un representante de la candidatura "Laudio Aurrera", ilegalizada por sentencia del Tribunal Supremo (TS).

El representante de esa candidatura, Cesar Fombellida, tal como consta en el acta del pleno celebrado el 28 de febrero de 2005, intervino en más de una ocasión durante la celebración de la sesión plenaria y antes de que se iniciara el apartado de ruegos y preguntas, según informó en un comunicado la Delegación del Gobierno.

Luesma considera que esta actuación podría "vulnerar" lo establecido por la legislación que regula el funcionamiento de las corporaciones locales y, además, podría también constituir un "fraude de ley", al intentar conculcar lo dispuesto por la Ley de Partidos y las resoluciones judiciales posteriores que ilegalizaron Batasuna y a aquellas otras agrupaciones que se consideraron sus sucesoras.

El representante del Gobierno central en Euskadi cree que dicha "vulneración" se da "más aún, cuando el propio alcalde de Llodio (PNV), Jon Karla Menoyo, manifestaba recientemente que Batasuna tiene legitimidad para hablar en los plenos de Llodio, justificando esta aseveración en que no comparte la Ley de Partidos".

Dicha argumentación es, para Luesma, "cuando menos, preocupante al tratarse de la máxima autoridad de un municipio". "No es desde luego un buen ejemplo para los ciudadanos negarse a cumplir aquellas leyes que no se comparten", subraya.

Por último, recordó que el pasado día 10 ya había pedido al Abogado del Estado un informe en el que se detallaran las posibles actuaciones que pudieran llevarse a cabo contra la intervención del representante de esta candidatura ilegalizada en los plenos del Ayuntamiento de Llodio. La subdelegada del Gobierno en Alava, por su parte, ya había requerido al alcalde de la localidad la remisión de las actas de anteriores plenos por el mismo motivo.

Luesma recuerda, asimismo, que "el cumplimiento de la Ley obliga a todas las instituciones y que, desde la Delegación del Gobierno, velará dentro de sus competencias por el cumplimiento estricto del Estado de Derecho y del respeto a la Ley".