|
|
Contactar Aviso legal Buscar Portada |
|
|
Noticias jurídicasSupremo ratifica la pena de 3 años de cárcel para el encargado de un pub de Valladolid por traer 'coca' desde CubaLa operación policial se saldó en 1998 con la incautación de 28 kilos de hachís y 334 gramos de cocaínaVALLADOLID, 29 (EUROPA PRESS) El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condenó a la pena de 3 años de cárcel a Miguel Angel E.M, encargado del pub 'Camelot' de Valladolid, y absolvió a los otros cinco acusados, dos de ellos guardias civiles del Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga (GIFA), que habían sido juzgados como integrantes de una banda organizada de narcotraficantes dedicada a introducir droga en España procedente de Cuba y que fue desarticulada en marzo de 1998, tras el decomiso de un total de más de 28 kilos de hachís y 334 gramos de cocaína. En su fallo, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, el Supremo ratifica la condena impuesta únicamente al encargado del pub Camelot, Miguel Angel E.M, quien, además de la pena privativa de libertad citada, habrá de pagar una multa de 24.000 euros por delito de tráfico de drogas. En el caso de los otros cinco acusados, concretamente su hermano José Luis E.M; un ayudante de los hosteleros, Alfonso R.A; los guardias civiles Martín C.B. y Luis Angel A.R, y el transportista Emilio S.S, quedan absueltos de todos sus cargos por entender que todas las grabaciones telefónicas de las que fueron objeto por parte de la Policía Nacional son nulas. A este respecto, la Sala entiende que la autorización para las intervenciones telefónicas carece de las garantías y principios constitucionales (no sometidas al debido control judicial, en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), lo que invalida las pruebas obtenidas a su amparo, y todo ello con independencia de que la ejecución material de las grabaciones y su transcripción se hicieran de forma correcta. En el caso de los dos guardias civiles procesados, la sentencia basa igualmente su absolución en que en contra de ellos "solamente hay meras especulaciones y sospechas", mientras que con respecto a Emilio S.S, el transportista detenido con 28 kilos de hachís, se apunta que su interceptación cuando regresaba del sur de España fue gracias a una prórroga de las escuchas telefónicas realizada "sin el preceptivo control de proporcionalidad y legalidad". Los seis procesados se sentaron en el banquillo de la Audiencia provincial a finales de septiembre y primeros de octubre de 2003, proceso durante el cual el Ministerio Fiscal, que consideró totalmente ajustados a derecho los registros practicados y los 'pinchazos' telefónicos, mantuvo que constituían una organización de narcotraficantes que traía la mercancía de Cuba y la distribuía desde el citado establecimiento de hostelería. Las detenciones fueron practicadas en el transcurso de una operación iniciada tras conocer, a través de los mencionados 'pinchazos' telefónicos acordados por la autoridad judicial, que entre todos ellos se había programado un viaje a Cuba con el fin de traer cocaína a España, para lo cual contaban con la ventaja de tener en sus filas a dos miembros del GIFA de Valladolid cuya influencia en el Aeropuerto de Barajas facilitaría el paso de la mercancía ilícita. Así, el 19 de enero de 1998 Emilio S.S, Alfonso R.A. y el guardia civil Luis Angel A.R. se trasladaron hasta el Aeropuerto de Barajas junto con Miguel Angel E.M. y el también agente Martín C.B. a bordo del vehículo de éste último y los tres primeros cogieron un avión rumbo a Cuba, país del que regresaron el día 23 del mismo mes. Una vez en Madrid, efectivos de la Policía Nacional interceptaron a los tres 'turistas', si bien en aquella ocasión no les pudieron intervenir sustancia estupefaciente alguna. VIAJE AL SUR DE ESPAÑA. No obstante, las pesquisas continuaron hasta que se tuvo conocimiento de que uno de los procesados, Emilio S.S, tenía intención de desplazarse al sur de España para adquirir una gran cantidad de droga, de ahí que se montara el oportuno dispositivo que concluyó el 9 de marzo de 1998 con su detención en Boecillo (Valladolid) cuando regresaba en un automóvil. En el registro practicado al turismo, los agentes de la Policía Nacional descubrieron, escondidos en las puertas de los asientos traseros, entre la chapa y los paneles interiores, 28 paquetes que contenían un total de 28 kilogramos de hachís. Ese mismo día el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional, con la correspondiente autorización judicial, llevó a cabo un registro a fondo del chalé del detenido sito en Parquesol y se incautó de puros rotos de la marca 'Montecristo' y procedencia cubana que denotaban--es la tesis del fiscal--que habían contenido cocaína en una oquedad practicada al efecto, así como de una pistola de fogueo, 60 cartuchos para la misma y bolsitas de plástico transparente. La Policía Nacional efectuó ese mismo día otro registro en el pub 'Camelot', en la calle San Lorenzo, y allí localizó 23,56 gramos de coca, una balanza de precisión, un libro de contabilidad y libretas, un rifle del calibre 22 con silenciador y cargador y un total de 10.800 euros. Además, en un cuarto trastero anejo al local aparecieron un trozo de hachís con un peso de 251 gramos, 311 gramos de cocaína y diversos utensilios para el pesaje, manipulación y adulteración de la droga. El total de hachís ocupado en la operación ascendió a 28,251 kilogramos que se hubieran traducido en 28.000 dosis para su venta al menudeo por un valor global de 108.000 euros (18 millones de pesetas), mientras que de cocaína se intervinieron 334 gramos con una pureza del 79,3 por ciento que hubieran permitido disponer de unas 8.000 dosis con un valor de 24.000 euros (4 millones de pesetas). La conversaciones telefónicas grabadas, en las que algunos de los acusados utilizaban términos como 'chismes' o 'telares' e incluso llegan a hablar directamente de precios y de 'coca', así como el continuo ir y venir de personas que acudían al pub Camelot fuera del horario y la incautación de droga y dinero en dicho local eran para el Ministerio Fiscal prueba evidente de que los procesados se dedicaban al narcotráfico. |