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El Supremo confirma un año de cárcel para ex directivos de Bankpyme por cooperar en delito fiscal de sus clientes

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un año de cárcel impuesta en 2002 por la Audiencia de Barcelona al ex presidente del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) Josep Jané Solá, y al ex vicepresidente de la entidad Francisco Busquets Farrás, como cooperadores necesarios en el delito fiscal de clientes del banco, al crear fondos de inversión opacos al control de Hacienda.

La sentencia impone además a cada uno de los dos directivos el pago de una multa de 2,6 millones de euros (cerca de 450 millones de pesetas), cuantía que el Supremo ha rebajado ligeramente respecto a los 2,8 millones que estableció la Audiencia barcelonesa. El alto tribunal ratifica además la responsabilidad civil subsidiaria de Bankpyme.

Asimismo, el Supremo mantiene la condena de un año de cárcel y multa de 2,6 millones de euros para el ex presidente de Bankpyme Josep María Fabregat Piferrer, aunque, al haber fallecido, el tribunal indica que deberá declararse extinguida su responsabilidad penal, sin perjuicio de que pueda ejercerse la acción civil contra sus herederos.

REBAJA DE PENAS

La sentencia rebaja además las penas a los seis clientes de Bankpyme condenados por delito contra la Hacienda Pública en la causa, al considerar que debe entenderse como atenuante el que hayan devuelto las cuotas defraudadas. Se trata de Agustín Cots y Eugenio Fabregat, cuya condena se rebaja de 10 a 8 meses de prisión; y Mercedes Corral, Antonio Aguilera, Baltasar Pineda, y Ramón Solanellas, a los que se reduce la pena de 10 a 6 meses.

La responsabilidad penal de un séptimo cliente condenado, Gregorio Ferrer, quedará extinguida al haber fallecido, sin perjuicio de que pueda ejercerse la acción civil contra sus herederos en relación a la multa de 269.000 euros que se mantiene contra él. A los otros clientes se les imponen multas que van desde los 195.000 a los 812.000 euros. Los ex directivos de Bankpyme condenados crearon los fondos de inversión de valores monetarios e inmobiliarios -Multivalor y Multidinero- entre 1986 y 1987 "para captar un mayor número de clientes", según la sentencia. El tribunal declara probado que a los clientes "se les facilitó no declarar dichas inversiones a Hacienda" y podían optar por mantener ocultos sus depósitos millonarios con nombres ficticios.

En 1989 entró en vigor una ley que obligaba a identificar a los titulares de participaciones en estos fondos de inversión pero Bankpyme, según la sentencia, eludió la norma al transformar las participaciones en títulos al portador, sin obligar a los clientes a identificarse.

La juez Montserrat Comas (actualmente vocal del Consejo General del Poder Judicial) destapó la trama en 1993 y en un año 1.386 inversores tuvieron la oportunidad de presentar declaraciones complementarias a Hacienda y regularizar su situación fiscal pagando al fisco 47 millones de euros. La magistrada cifró en 348 millones de euros la cuantía ocultada a Hacienda y el número de clientes inculpados llegó a ser de 84.

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