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Un mes y 20 días de arresto para el sargento que denunció la situación de los controladores militares aereos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El sargento primero F. M., presidente de la Sociedad para el Desarrollo del Control del Tránsito Aéreo (SODECTA), deberá pasar un mes y veinte días de arresto tras concluir el expediente disciplinario que se le abrió después de denunciar en una carta la situación de los controladores militares aéreos, informaron a Europa Press fuentes jurídicas. Este militar ingresará previsiblemente mañana en el centro de la base aérea de León por una falta grave por dar información sobre asuntos del servicio que no afectan a la seguridad nacional.

El expediente contra el sargento primero F.M. tiene su inicio en una carta que, como presidente de SODECTA, remitió en diciembre del pasado año al presidente del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial (COPAC) en la que manifestaba que los controladores de tránsito aéreo del Ejército controlan tráfico civil careciendo de titulación y licencia que acredite tener la autorización necesaria para ejercer esta función.

El coordinador técnico del COPAC decidió entonces enviarle una carta al ministro de Defensa poniéndole al corriente de este tema a "título personal" y por "afinidad política". Bono, de su lado, dio traslado al Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. Finalmente, el general jefe del Mando Aéreo General (MAGEN), general Gonzalo Ramos Jácome, acordó abrir un expediente disciplinario a este militar por falta grave por "incumplir las normas de obligada reserva sobre asuntos del servicio, sin causar perjuicio grave a la seguridad militar".

Asimismo, el jefe del MAGEN aprobó paralelamente una providencia en la que pedía que se investigase la "actitud reticente" que presentaron los controladores aéreos destinados en la base aérea de Matacán que fueron llamados a declarar como testigos por si la misma era constitutiva de ilícito penal. Dieciséis de ellos no respondieron a si pertenecían o habían pertenecido a SODECTA.

ARCHIVO DE LA CAUSA

Hace unos días, el Juzgado Togado militar Territorial número 11 de Madrid acordó el archivo, al no apreciar "la existencia de ilícito penal alguno", de las diligencias abiertas a los controladores militares que no declararon si pertenecían a la Sociedad para el Desarrollo del Control del Tránsito Aéreo (SODECTA) dentro del expediente disciplinario que el Ejército del Aire abrió a su presidente, el sargento primero F.M.

En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, el Juzgado hizo suyos los argumentos del fiscal jurídico militar. Este descarta "desde el principio que la negativa a contestar" a las preguntas del instructor del expediente disciplinario "pueda constituir delito militar alguno", pues según argumenta el Tribunal Supremo, "tal actitud reticente supone una merma de las posibilidades de defensa del interesado, y por ello un perjuicio voluntariamente asumido que podría concluir con la imposición de la oportuna sanción disciplinaria, pero que en ningún caso alcanzaría entidad penal".

Asimismo, el fiscal estimó, sobre las "actividades" de SODECTA, que ni del acta fundacional de la sociedad ni de sus estatutos se deduce que sus actividades "puedan resultar ilícitas". "Sólo el hecho de que varios, sino todos, sus miembros y cargos directivos sean militares en activo que desarrollan sus funciones como controladores del tráfico aéreo militar pudiera dar lugar a alguna sospecha en ese sentido", añadió el fiscal.

No obstante, dijo que la única base para investigar este aspecto es un escrito que SODECTA remitió al Colegio Oficial de Pilotos y en el que denunciaba la carencia de titulación de los controladores. "Del mismo únicamente cabe inferir un inicial intento, que seguramente es el objetivo último de la Asociación, de equiparar profesionalmente a los asociados militares con los controladores aéreos civiles, intencionalidad que, si criticable por lo que pueda tener de reivindicativa y por el medio utilizado, no es, desde luego, delictiva", agregó.

Añadió que la consideración de que "en sus reuniones" puedan "estar utilizando informaciones relativas a asuntos del servicio no pasa de ser una mera sospecha que aún cuando se pudiera confirmar, no llegar a integrar un delito de revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad y defensa nacionales". Por todo ello, el fiscal opinó que no hay "delito militar alguno", sin perjuicio "de la responsabilidad disciplinaria exigible".