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Organizaciones catalanas presentan un manifiesto contra el proyecto de Ley Orgánica de Defensa Nacional

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, el director de la Fundació per la Pau, Jordi Armadans, y Tomàs Gisbert, miembro de la citada fundació, presentaron hoy un manifiesto contra el proyecto de Ley Orgánica de Defensa Nacional que está elaborando la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

Justícia i Pau y la Fundació per la Pau, así como las veinte organizaciones que adheridas al manifiesto, reclaman que "el estado español renuncie explícitamente a la guerra como forma para solucionar los conflictos", afirmó Armadans, y se oponen a la concepción militarista de la seguridad, que la identifica con la defensa militar.

La injusticia, el hambre, la pobreza y la vulneración de los derechos humanos, son algunos de los factores que favorecen la inestabilidad política y configuran el "caldo de cultivo del que surgen los actos terroristas", explicó Oliveres. En este sentido, Armadans señaló que "tan importante es el terrorista suicida como el apoyo social que lo legitima" en el entorno actual de "cultura de la violencia". Y por eso se debe luchar contra las desigualdades.

Las organizaciones contrarias al proyecto de Ley quieren que toda intervención militar sea debatida en el Congreso, para que el Gobierno no pueda huir de un mínimo debate como pasó con la guerra de Irak. También piden que la ley prohíba la participación del estado español en acciones militares contrarias al derecho internacional, sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque son ilegales aunque estén legitimadas por la OTAN o la Unión Europea. En este sentido también se oponen a la utilización de las bases militares por parte de fuerzas extranjeras implicadas en guerras ilegales.

Asimismo, solicitan la supresión de la jurisdicción militar y el traspaso de sus competencias a la jurisdicción ordinaria (con el fin de garantizar los derechos de los acusados y la independencia de los jueces) como ya se hace en algunos países europeos como Alemania, Suecia o Francia, y la reforma del Régimen Disciplinario Militar para hacerlo plenamente compatible con el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

Finalmente, piden la creación de un Observatorio Permanente de la Vida Militar, con pleno derechos de inspección y control, para evitar que las violaciones de los derechos humanos queden impunes. Porque si en "un ejército se violan los derechos humanos, es mucho más fácil que éste también los vulnere", apuntó Gisbert.

El presidente de la Fundació per la Pau señaló que si se aprueba el texto actual será una ley continuista que "defraudará algunas expectativas que generó el gobierno al posicionarse contra la guerra de Irak". Por este motivo, Gisbert solicitó una "ruptura con la política militar actual no sólo sacando las tropas de Irak sino con un "cambio en la percepción de los conceptos justicia y paz y en las relaciones internacionales".