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Soledad Cazorla supervisará las denuncias por malos tratos que se retiran cuando llegan a juicio

Prepara una circular interna con recomendaciones sobre competencias jurisdiccionales y sobre la aplicación de la norma

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La fiscal de Sala delegada contra la violencia sobre la mujer, Soledad Cazorla, afirmó hoy que, entre sus funciones, se encuentra la de supervisar las denuncias por un presunto delito de malos tratos contra una mujer que posteriormente se retiran cuando llegan a juicio.

Cazorla ofreció hoy una rueda de prensa para explicar sus líneas de trabajo, después de haber tomado posesión ayer de este cargo de reciente creación. La fiscal mostró su preocupación a los medios por las razones que motivan a una mujer a retirar una denuncia después de haberla presentado y advirtió de que se deben explicar.

"Si un individuo comete un hecho delictivo, si se inician unas actuaciones policiales y una investigación judicial donde el fiscal está siguiendo esta intervención; si se realiza una acusación y se lleva a juicio a un ciudadano y (posteriormente) se retira una acusación hay que explicar porqué", subrayó.

En este sentido, explicó que la fiscalía también puede valorar otras declaraciones "con todas las garantías legales", así como un parte de lesiones, como "una prueba objetiva que corrobora la primera declaración". "La inmediatez del juicio es la que te hace ver si debes creer la versión que te dan, la versión judicial o un parte de lesiones. Además, recordó que la fiscalía tiene la potestad de actuar de oficio.

COORDINACIÓN DE FISCALES

La principal función de la fiscal delegada es supervisar la actividad de las fiscalías especializadas en casos de violencia de género de toda España, favorecer su coordinación y dar recomendaciones ante posibles problemas que puedan surgir a la hora de interpretar la Ley integral de medidas contra los malos tratos.

Sobre este punto, anunció que está prevista la publicación en próximos días de una circular interna en la que se dan respuestas a distintas cuestiones surgidas en el ámbito competencial de los jueces, así como problemas de derecho jurídico.

De hecho, a partir de la próxima semana, Cazorla centrará su actividad en visitar las distintas fiscalías de violencia de género para escuchar de primera mano los problemas que pueda plantear la aplicación de la Ley, así como las quejas que se han producido respecto a la sobrecarga de trabajo de los juzgados especializados de reciente creación.

Preguntada por los periodistas, se refirió a la idoneidad o no de la discriminación positiva que plantea la norma, una de los debates suscitados durante su tramitación parlamentaria. A este respecto, recordó su condición de jurista y, por tanto, responsable de aplicar la Ley. No obstante, apostilló que "hay conductas que merecen un mayor reproche social que otras".

Otra de las prioridades que se ha marcado Cazorla es la protección de los menores. "La sociedad no puede permitir que haya menores, que son personas especialmente vulnerables --recalcó--, que vivan en un ambiente de maltrato".

HABÍA QUE RESPONDER

Más allá de estas consideraciones, la fiscal valoró de forma positiva la Ley integral contra los malos tratos ya que "un Estado de derecho y democrático no puede permitir la discriminación, el maltrato, la agresión física o psíquica".

"La Ley no sólo afecta a las víctimas, sino también a los poderes públicos, a las asociaciones de mujeres y a todos los que creemos en la igualdad entre el hombre y la mujer", concluyó.


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