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Prada pide al Gobierno que retire el anteproyecto de reforma judicial porque 'politiza la Administración de Justicia'

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, solicitó hoy al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que retire los anteproyectos de reforma judicial aprobados por el Gobierno porque "politiza e instrumentaliza la Administración de Justicia, es inconstitucional, tiene en contra a todas las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP y asociaciones judiciales y rompe los principios judiciales de independencia y profesionalidad".

Durante una rueda de prensa celebrada tras la Conferencia sectorial de Justicia, Prada aseguró que el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero "está tomando decisiones que afectan directamente a las Comunidades Autónomas pero a espaldas de las mismas".

A su juicio, el Ejecutivo central no quiere escuchar la voz de las autonomías ni saber qué opinan sobre la reforma judicial. En este sentido, afirmó que se ha puesto en marcha una reforma judicial "sin haber escuchado previamente a las Comunidades", incumpliendo la reglamentación de la sectorial que se debería haber reunido con anterioridad a que se hubiera aprobado el anteproyecto por el Consejo de Ministros.

"Esta reforma que el Gobierno se ha visto obligado a realizar es fruto de sus compromisos electorales y de su debilidad parlamentaria. Esencialmente es inconstitucional, tiene en contra a las comunidades gobernadas por el PP y a las asociaciones judiciales, politiza claramente la Administración de Justicia y rompe la independencia del poder judicial", sentenció el consejero, quien calificó la actuación del Ejecutivo central como "un hecho gravísimo".

VOLVER AL PACTO DE ESTADO POR LA JUSTICIA

Por estos motivos, Prada reclamó a López Aguilar que rectifique y que vuelva al Pacto de Estado por la Justicia, así como le pidió que se reúna con las autonomías del PP y acuerde y pacte las grandes reformas en materia de Justicia porque "son reformas estructurales que tienen que durar más allá de los mandatos de uno u otro gobierno".

"Todos estamos de acuerdo en que la Administración de Justicia del año 2005 no es acorde al siglo XXI, no se aplican en ella los términos de eficacia de calidad y de excelencia. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de hacer reformas, pero éstas tienen que hacerse en el ámbito del consenso y del acuerdo", indicó.

Asimismo, el vicepresidente segundo regional aseguró que el principal escollo de esta reforma son los llamados Juzgados de Proximidad porque, en su opinión, instrumentalizan y politizan la Justicia rompiendo los principios constitucionales de independencia y de profesionalidad por parte de los jueces.

"No se puede gobernar a golpe de interés parlamentario y fruto de unas cesiones con los partidos nacionalistas provocando que el mayor partido de la oposición esté en contra de la reforma y que las principales Comunidades Autónomas que tenemos las competencias transferidas en materia de Justicia también estemos en contra", concluyó Prada.
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