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El juez imputa al ex conseller de Trabajo de la Generalitat catalana por informes pagados por la Conselleria en 1995

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El juez ha imputado al ex conseller de Trabajo de la Generalitat, Ignasi Farreras (UDC), por el encargo y pago de cuatro informes hechos por empresas privadas para la conselleria que podrían ser fraudulentos. Las empresas adjudicatarias de los estudios que se investigan cobraron en su día del Consorcio de Turismo de Cataluña, hechos que se juzgaron en el conocido 'Caso Turisme', pendiente de sentencia.

Según el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, en 1995 se adjudicaron cuatro estudios, por valor de un millón de pesetas cada uno, a las empresas Gestumer y Socesca, "las mismas empresas adjudicatarias que cobraron en su día del Consorcio de Turismo de Cataluña determinadas cantidades que se consideraron delictivas" y que se juzgó en la Audiencia de Barcelona, donde está pendiente de fallo.

El auto afirma que, durante el juicio por el 'Caso Turisme', se entendió que dichas empresas "carecían de infraestructura y de especialización para realizar estudios" y que ahora se constata que "han cobrado por otros de materias alejadas a aquel sector".

En este sentido, prosigue que el 'modus operandi' administrativo presenta "ciertas similitudes", ya que en las cuatro adjudicaciones se presentan presupuestos de las mismas empresas, siempre Gestumer y Socesca, donde "no consta la justificación de la necesidad del gasto ni su finalidad, sólo aparece un informe del secretario general de la Conselleria y posterior adjudicación del entonces conseller", dándose "una apariencia de concurrencia de ofertas que, indiciariamente, no es tal".

El auto manifiesta que "no aparece número de expediente en ningún documento oficial", tan sólo referencias contables, por lo que "habrá que investigar la partida a la que se cargan los pagos".

El juzgado que tramita las diligencias pidió a la Generalitat hasta tres veces que le remitiera los expedientes. Finalmente, la Conselleria señaló que los trabajos y los expedientes completos de contratación no se habían podido hallar, aunque sí remitieron uno de los trabajos encargados, que resultó ser "un burdo plagio". "Todo indica que de los tres trabajos, o bien no llegaron a entregarse o eran de un tenor similar al reseñado, a la vista de los antecedentes", indica el juez.

Por todo ello, concluye citar en calidad de imputados al ex conseller Ignasi Farreras, "quien adjudicó los cuatro estudios en su condición de conseller de Trabajo" y al entonces secretario general del departamento, Josep Maria Servitje, "quien realizó los informes propuestos y dio el visto bueno a las facturas que permitieron el cobro".

Además, también imputa a Santiago Vallvé, que "estaba vinculado a ambas sociedades", y a Víctor Manuel Lorenzo, "quien asumió toda la responsabilidad en la gestión de las dos sociedades y aparece como la persona física que suscribió las cesiones de crédito y cobró materialmente las cantidades facturadas". A todos ellos se les imputan los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad de documento oficial.