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JpD cree que los jueces de Registro no pueden impugnar la ley de bodas gays ante el TC, aunque debe decidir el tribunal

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Edmundo Rodríguez Achutegui, señaló hoy, en declaraciones a Europa Press, que su asociación no cree que los jueces encargados de los registros civiles estén legitimados para promover cuestiones de inconstitucionalidad como las anunciadas en relación con la ley que regula las bodas entre homosexuales, ya que la tramitación de estos expedientes no constituye, a su juicio, un "litigio" entendido como tal.

Rodríguez Achutegui se refería con ello a la iniciativa anunciada por los jueces responsables de los registros de Denia (Alicante) y Telde (Gran Canaria), quienes han paralizado varios expedientes de uniones entre parejas del mismo sexo presentados en sus respectivos territorios y han anunciado la presentación de sendas cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Para el el portavoz de JpD, tanto la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como la jurisprudencia de esta institución especifican que las cuestiones de inconstitucionalidad pueden ser planteadas por los tribunales "en el curso de un proceso" y, a su juicio, al tramitar los expedientes de matrimonio, los jueces no están ejerciendo una "función jurisdiccional", por lo que no están capacitados para plantear el mencionado proceso ante el alto Tribunal.

En todo caso, esta es una cuestión que deberá resolver el propio Constitucional, según el portavoz, en el auto que emita para admitir o inadmitir la cuestión planteada.

El portavoz de JpD subraya que, de ser el Tribunal favorable a la admisión de la cuestión, se trataría de la primera vez que el Constitucional admite peticiones del encargado de un Registro Civil. Sobre el fondo de la cuestión, cree que esta alta instancia judicial defenderá "algo tan razonable como que dos personas dejen de estar discriminadas en razón de su opción sexual".

Finalmente, indicó que la iniciativa de los dos jueces de Alicante y Gran Canaria puede considerarse "parte de una campaña de los conservadores en contra del disfrute del derecho" al matrimonio reconocido a los homosexuales.