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Piden 13 años de cárcel para cuatro policías por detener ilegalmente a dos jóvenes en una manifestación en Barcelona

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

Las acusaciones particulares de los dos jóvenes detenidos en marzo de 2002 durante la Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona solicitan una pena de 13 años de prisión y una indemnización de 90.000 euros para los cuatro agentes de la Policía Nacional que les arrestaron. Los abogados de la acusación les atribuyen los delitos de denuncia falsa, detención ilegal, simulación de delito y falso testimonio, mientras que la fiscal pide la absolución por entender no cometieron delito alguno.

Los hechos se remontan al 15 de marzo de 2002, cuando los policías Eduardo G.M., Guillermo M.U., Manuel G.B. y Alberto M.G. formaban parte del dispositivo de seguridad encargado de vigilar una manifestación convocada por la 'Coordinadora de Gràcia contra la Europa del Capital' que recorría las calles del barrio de Gràcia.

Según el escrito de la fiscal, que solicita la libre absolución para los cuatro acusados, los dos jóvenes, Mario B.A.S. y Francesc V.M.B. fueron detenidos en dicha manifestación como presuntos autores de un delito de atentado contra agentes de la autoridad por agredir a varios policías.

Los jóvenes fueron juzgados el 9 de abril de 2002 en el Juzgado de lo Penal número 1 de Barcelona, que les condendó por un delito de resistencia y a Francesc V.M.B. también por dos delitos de lesiones. Sin embargo, la Sección Quienta de la Audiencia de Barcelona revisó la sentencia y decidió no sólo absolver a los chicos, sino acusar a los policías de denuncia falsa, detención ilegal, simulación de delito y falso testimonio.

Durante la primera jornada del juicio, celebrado hoy en el tribunal provincial, los cuatro procesados coincidieron en afirmar que actuaban bajo las órdenes de un superior, su inspector jefe, al mando del dispositivo de vigilancia de la manifestación.

CON LA CARA CUBIERTA.

Dos de los policías, Manuel G.B. y Eduardo G.M., relataron cómo observaron a un joven que llevaba "la cara tapada al cien por cien" --presuntamente se trataba de Mario B.A.S.-- y uno de ellos se el acercó para instarle a que se la descubriera, momento en que el joven empujó a Manuel G.B., propinó una patada en la mano a Eduardo G.M. y huyó.

Según los dos agentes procesados, después de estos hechos descubrieron que el mismo joven, al que reconocieron "con total seguridad" por la sudadera llamativa que vestía, había sido detenido por sus compañeros y ellos indicaron lo que había sucedido.

Asimismo, mantienen que su inspector jefe les ordenó que custodiaran al joven, a quien llevaron a un portal porque varios manifestantes intentaron recuperarlo, y subrayaron que "en ningún momento" usaron la violencia contra el detenido.

Por su parte, Alberto M.G., implicado en el arresto del otro joven, Francesc V.M.B., junto a su compañero Guillermo M.U., aseguró que se encontraba vigilando la manifestación "al parecer no autorizada" y en la que podría haber "gente violenta", cuando vio cómo compañeros suyos corrían detrás de un joven que huía de la Policía.

"UN TREN DE MERCANCÍAS".

Según su versión, Alberto M.G. le dio el alto pero el joven "hizo caso omiso" a sus indicaciones y "arrolló" al agente y a su compañero, Guillermo M.U., motivo por el que ambos acabaron tirándole al suelo para reducirle después de "un fuerte forcejeo" porque "se resistía mucho". "Me pasó por encima como si fuera un tren de mercancías por eso le detuve por un delito de atentado", explicó Alberto M.G..

El Ministerio Fiscal entiende que, tras la "pertinente instrucción, no ha resultado debidamente justificada la perpetración" de los delitos de que se acusa a los agentes y que dieron motivo a la formación de la causa, por lo que pide la libre absolución, al igual que los dos abogados defensores y el letrado del Estado.

En la vista oral de mañana, está previsto que declaren los dos jóvenes presuntamente detenidos de manera ilegal y los testigos, entre los que se encuentra la persona que grabó los dos vídeos que no fueron aportados al primer juicio y que presuntamente inculparían a los policías.
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