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KIO.- De la Rosa alega que la operación 'Pincinco' ha prescrito y recuerda que no fue considerado culpable en Kuwait

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El empresario Javier de La Rosa, que ejerce su propia defensa en el juicio por la pieza principal del "caso KIO"(operación 'Pincinco'), que comenzó hoy en la Audiencia Nacional, solicitó la anulación de todo el proceso por considerar que las acusaciones han prescrito y creer vulnerado su derecho a no ser juzgado dos veces por unos mismos hechos, ya que una sentencia dictada el pasado mes de diciembre en Kuwait no le considera responsable de los mismos.

El juicio de KIO en la Audiencia Nacional comenzó con la exposición de las cuestiones previas por parte de las defensas, un trámite previsto para alegar vulneración de derechos fundamentales. De la Rosa, que se enfrenta a una pena de 14 años de prisión, compartió turno de palabra con su hija Graciela y habló refiriéndose a sí mismo en tercera persona como de su "representado", el "señor De la Rosa".

La intervención del empresario catalán fue interrumpida hasta en nueve ocasiones por el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, para advertirle que el contenido de la misma excedió en ocasiones del objetivo del trámite procesal.

Además de alegar las cuestiones jurídicas, De la Rosa utilizó su turno de palabra para afirmar en que su papel en las operaciones financieras juzgadas fue el de cumplir órdenes procedentes de Kuwait, que el dinero (300 millones de dólares en el caso de Pincinco) "sólo hacía escala de 24 horas en España" y que se ha sentido "presionado" por los estados español y kuwaití.

De la Rosa se refirió también a una sentencia dictada el pasado mes de diciembre en Kuwait condenó por el desfalco de Pincinco al ex presidente de KIO (Agencia Oficial de Inversiones de Kuwait) Fahad Al Sabah, mientras que él no había sido encontrado responsable. Afirmó también que Torras no debería ser acusación particular en este caso, por no ser perjudicada por la operación, y criticó la separación de la causa en distintas piezas cuya conexidad es meramente "subjetiva".

Por su parte, la hija de De la Rosa defendió que los delitos de apropiación indebida que se imputan al empresario tenían un plazo de prescripción de 5 años -Anticorrupción aplicó un plazo de 10 años por considerar que hubo continuidad delictiva-, por lo que quedaron extinguidos en 1995, un año antes de que se dirigiera la acción penal.

De la Rosa pidió que se valore como prueba la sentencia de Kuwait, que tendrá que aportar traducida al castellano, además de la citación de dos nuevos testigos, el que fuera director general de Gran Tibidabo, Juan Crurells, y del presidente de A.Urquijo Joaquín Tamames "para que ratifique un informe de 1992 con la valoración de Torras, para demostrar que la suspensión de pagos fue decisión del estado kuwaití", explicó el empresario.

ACUSADOS.

Las mismas cuestiones previas fueron alegadas por el abogado del otro principal encausado, el abogado Juan José Folchi, para quien también se piden 14 años de cárcel. Su defensa explicó ta mbén que el letrado ya ha sido juzgado en Inglaterra por los mismos hechos y negó la jurisdicción española sobre los mismos, ya que todas las órdenes relativas a Pincico se adoptaron en la sede de KIO en Londres.

Además de De la Rosa y Folchi, en esta causa también se piden 11 años de cárcel para el ex consejero delegado del Grupo Torras Jorge Núñez Lasso de la Vega, cinco para el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal y dos para el ex director financiero de Torras Miguel Soler por los mismos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La fiscal Anticorrupción Belén Suárez pide asimismo el enjuiciamiento como responsables civiles de otras seis personas: Mercedes Misol, esposa de De la Rosa; Manuel Guasch; Enrique Sarasola; Santiago Tomeu; Arturo Piñana; y el ex diputado de CiU en el Parlamento catalán y miembro del Consell Constultiu Jaume Camps, al considerar que recibieron parte del dinero sustraído al Grupo Torras por los primeros.

La Fiscalía reclama que Folchi, Soler y De la Rosa que indemnicen al Grupo Torras en la cantidad de 10.973 millones de pesetas (65.949.058,21 euros); que Manuel Prado lo haga con 80 millones de dólares, siendo también responsables sus sociedades instrumentales Explotación Agrícola "Los Cansados", Dehesa de Juan Esteban y Rialar 95; que el empresario Enrique Sarasola pague 1,1 millones de dólares; y que el ex consejero de Torras Manuel Guasch abone 150 millones de dólares.

Por su parte, solicita que el diputado de CiU Jaume Camps indemnice con 705.588 euros a Torras; que Arturo Piñana pague 360.607 euros, y Santiago Tomeu, 300.506. Estos dos últimos eran empleados de De la Rosa.

Según el fiscal, De la Rosa utilizó la operación "Pincinco" para apropiarse de 101,89 millones de euros (16.953 millones de pesetas) que repartió, entre otras personas, a Manuel Prado y Colón de Carvajal y al empresario Enrique Sarasola. Asimismo, abarca las dos operaciones "Oakthorn" y la manipulación de las cotizaciones de la empresa Prima Inmobiliaria.

El tribunal continuará escuchando de cuestiones previas el próximo día 21, cuando está previsto que intervenga el abogado de Núñez Lasso de la Vega, y ha reservado el 28 de octubre para el mismo fin. Las sesiones del juicio en sí, con las declaraciones de los encausados, comenzarán a finales del mes de noviembre.