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El CGPJ aprueba por 10 votos a 9 rechazar los consejos autonómicos de Justicia y los jueces de proximidad

Requero relaciona la reforma con el Estatut catalán y la minoría le acusa de actuar como "caja de resonancia" del PP

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy por 10 votos a 9 el informe que duda de la constitucionalidad de los consejos autonómicos de Justicia y de los jueces de proximidad, que representan dos de los pilares de la reforma judicial prevista por el Gobierno. El portavoz del Consejo, Enrique López, señaló que las razones del rechazo son la no adecuación del proyecto a la Carta Magna y su "inoportunidad" en relación con la conformación del "poder autonómico".

El dictamen, aprobado inicialmente en la Comisión de Estudios del pasado lunes, y cuyo ponente ha sido vocal de la mayoría "conservadora" José Luis Requero, salió adelante con los 9 votos de los vocales propuestos por el PP más el del presidente del Consejo, Francisco José Hernando, mientras que votaron en contra los 7 designados a iniciativa de PSOE e IU, el de CiU y el independiente Agustín Azparren.

Durante una pausa de la sesión, que tiene previsto continuar esta tarde, Requero afirmó que la visión crítica que los consejos territoriales han merecido del órgano de Gobierno de los jueces no es "una manía de unos cuantos vocales", y que su creación tiene como objetivo satisfacer el interés de los partidos nacionalistas por entrar en el "Gobierno de la Justicia".

Por esta razón, según Requero, el proyecto del Ejecutivo está relacionado con las reformas estatutarias, especialmente con el proyecto de nuevo Estatut catalán. Por su parte, el vocal de la minoría Juan Carlos Campo le acusó de actuar de "caja de resonancia" del PP.

REFORMA "INCONSTITUCIONAL".

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, explicó de que el informe sobre los consejos autonómicos cuenta con un voto particular concurrente, del que él ha sido uno de los firmantes, donde se advierte de que el proyecto del Gobierno podría ser declarado inconstitucional "con un alto grado de probabilidad", ya que sus funciones no se adecuan a lo señalado en la constitución "ni al principio autonómico".

Sobre la justicia de proximidad, señaló que el contenido de la reforma también ha merecido un informe desfavorable, así como la inclusión en el mismo de varios votos particulares en los que se proponen mejoras técnicas al proyecto.

El vocal Requero, por su parte, afirmó que las críticas que los dos proyectos gubernamentales han recabado en CGPJ no son "una manía de unos cuantos vocales", y recordó que tanto los jueces decanos como las asociaciones judiciales, con excepción de Jueces para la Democracia (JpD), se han manifestado en el mismo sentido. "No debemos estar tan desencaminados", apuntó.

En cuanto a los consejos territoriales, Requero explicó que no se necesita una nueva clase de órganos cuyo único objetivo será el de "satisfacer la entrada del poder de los partidos autonómicos en el Gobierno de la Justicia". Por ello, según el vocal de la mayoría, la reforma gubernamental está conectada al actual proceso de reformas estatutarias y a la tramitación del Estatut catalán.

En relación con la justicia de proximidad, Requero afirmó que los ciudadanos tampoco apoyan que exista un segmento de la justicia en manos de jueces que serán designados por motivos de conveniencia política, puesto que serán los grupos de los distintos ayuntamientos los que se repartan sus nombramientos "con arreglo a las cuotas de poder" en cada Consistorio.

POSICIÓN DE LA MINORÍA.

El vocal Juan Carlos Campo, perteneciente a la minoría denominada "progresista", acusó al sector mayoritario de actuar como "caja de resonancia del principal partido de la oposición" y añadió que aludir a las reformas de inconstitucionales "no se sostiene", puesto que las críticas no aluden a la doctrina del Tribunal Constitucional, sino al proceso de reforma del Estatut de Cataluña.

Campo añadió que la creación de consejos autonómicos no rompe la unidad del Poder Judicial en España, ya que éstos órganos vendrán a "descongestionar" al CGPJ y a la Administración de Justicia, "que actualmente se encuentra saturada".

Sobre la justicia de proximidad, Campo calificó de "imprescindible" recuperar la justicia de distrito y potenciar los Juzgados de Paz, que se encargarán de los pleitos "de bagatela, de poca importancia", aunque no descartó que el proyecto del Ejecutivo pueda mejorar en diversos aspectos técnicos, como el relativo a la elección de los candidatos por los Ayuntamientos.

Recordó que actualmente actúan en España 7.000 jueces de paz que no son jueces profesionales, y un número muy alto de jueces sustitutos -unos 700-, que tampoco pertenecen a la Carrera Judicial y cuyo coste asciende a 30 millones de euros al año.

Finalmente, el vocal de la minoría Luis Aguiar afirmó, en alusión a Requero, que "alguno se deberá confesar después de decir lo que ha dicho sobre la justicia de proximidad", que calificó de "malintencionado".

Explicó que los candidatos a jueces de proximidad deberán ser seleccionados entre los que figuren en una lista que será elaborada por catedráticos de derecho, jueces y abogados, y supervisada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia que corresponda. Además, los candidatos podrán ser descartados por los consejos territoriales de justicia antes de llegar a su designación definitiva por el CGPJ.

Sobre los consejos de justicia autonómicos, Aguiar defendió que una tercera parte de su composición la integren juristas "porque hace falta introducir sangre nueva" en este tipo de órganos, que ejercerán funciones disciplinarias con el fin de que la labor de los jueces no sea únicamente controlada desde un punto de vista "corporativo".

SUPREMO Y TSJ.

El Pleno también sacó adelante, con el voto a favor de 17 vocales, el contrario del vocal a propuesta de CiU, Alfons López Tena, y la abstención de Ángeles García -perteneciente a la minoría-, el dictamen sobre la redistribución de funciones entre el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Justicia autonómicos. Dicho informe avala que el Supremo se centre en su papel de unificador de doctrina, aunque propone cambios en materia penal ante el riesgo de que la reforma colapse los tribunales.

El Pleno del CGPJ continúa celebrándose desde las 15.30 horas, pues aún está pendiente la aprobación de los informes ya valorados por la Comisión de Estudios de este órgano sobre los proyectos de reforma de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de la Ley de Acceso a la Abogacía y el decreto del Gobierno vasco para la normalización lingüística en el ámbito de la Administración de Justicia.