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Archivan la causa contra los 14 jóvenes acusados de incendios al prescribir el delito por la tardanza en adjudicar sala

VALENCIA, 05 (EUROPA PRESS)

La jueza del juzgado de menores número dos de Valencia acordó hoy archivar la causa contra los 14 jóvenes acusados de formar parte del grupo 'Razonamiento Siempre Manda' y de cometer diversos daños, incendios y robos en la ciudad entre abril y septiembre de 2001, al entender que han prescritos los delitos que se les imputaba porque ha transcurrido más de un año sin que el Decanato asignara una sala de vistas con capacidad suficiente para acoger a todas las partes implicadas en el proceso, según explicó el fiscal coordinador de Menores de Valencia, Manuel Dolz, quien afirmó que se trata de una circunstancia "excepcional" y "anómala" que no había sucedido antes en Valencia y duda que se haya podido producir en España.

La jueza ha adoptado esta decisión después de que ayer, en la primera sesión del juicio, la defensa de uno de los jóvenes planteara una cuestión previa a la que se acogió el resto de letrados, en la que pedía la suspensión de la vista y el archivo de la causa dado que la Ley de Responsabilidad Penal de Menor establece la prescripción si en supuestos de delitos menos graves, como es éste el caso, el procedimiento permanece un año paralizado.

Para las defensas, en esta causa se había producido esta situación porque el juzgado había pedido mediante una providencia de junio de 2004 una sala para celebrar la vista, y el siguiente trámite procesal se registró en julio de este año cuando se señaló, a través de un auto, la celebración del juicio en una sala determinada.

El fiscal, que proponía en su escrito de alegaciones medidas que oscilaban entre la amonestación y los seis meses de libertad vigilada más 100 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad para los jóvenes, menores de edad en los meses de abril y septiembre de 2001, explicó que en este caso toda la causa se retrasó debido a que había 14 acusados con sus respectivos abogados y se les imputaba cinco hechos distintos.

Dolz afirmó que la Fiscalía de Menores, que es la encargada de instruir estos procedimientos, concluyó su investigación en unos seis meses, --en todo caso a lo largo de 2002--, y a finales de ese año remitió la causa al órgano juzgador, que debe encargarse de la "intendencia", y que tuvo que practicar distintas diligencias solicitadas por los letrados, incluidas copias del expediente, que alcanza los casi 900 folios. Además, señaló que había pieza de responsabilidad civil por los daños provocados que ha estado tramitándose con sucesivos recursos.

Según Dolz, el juzgado tenía en junio de 2004 todo preparado para comenzar la vista y pidió al Decanato una sala con capacidad para los 14 acusados, sus 14 abogados y los familiares, ya que la que se adjudica a menores únicamente puede albergar a dos o tres encartados. El fiscal coordinador aseguró que durante un año se realizaron "recordatorios" al Decanato que no proporcionó una sala hasta pasado un año.

En julio de 2005 se dictó auto para la celebración del juicio aunque la sala adjudicada era "insuficiente" y finalmente la vista tuvo que celebrarse en otra más amplia. Dolz, que anunció que la Fiscalía va a estudiar si recurre el archivo, consideró que "no es tolerable" que un procedimiento permanezca paralizado "por no asignar sala".

En este sentido, afirmó que la Audiencia Provincial "debería pronunciarse" sobre lo ocurrido y explicó que en este caso la acusación pública estaba dispuesta a "flexibilizar" las medidas que proponía para los jóvenes para "ajustarse" al cambio de circunstancias que pudiera haberse producido entre 2001 y 2005 ya que en muchos supuestos ya no son menores. De hecho, según indicaron algunas defensas, se trató de una gamberrada y los jóvenes, que mostraron su satisfacción al final, ya han encarrilado sus vidas.

El fiscal coordinador explicó que han comprobado en el rollo penal que hay diversas providencias del juzgado en las que recuerda al Decanato que debe asignar una sala para la vista por lo que ahora, la Audiencia Provincial, si recurren, deberá decir si estos escritos pueden interrumpir el plazo de prescripción.

MACROJUICIO HEPATITIS

El fiscal insistió en que la Administración de Justicia "debe disponer de los medios necesarios para sus fines" y subrayó la capacidad con la que se cuenta en la Ciudad de la Justicia para montar una sala adecuada ha quedado demostrada, por ejemplo, para celebrar el "macrojuicio" por el contagio masivo de hepatitis C por lo que no parece "de sentido común", dijo, que no se haya podido disponer de un lugar para este juicio.

Preguntado por si les cabe otra vía de protesta distinta a a judicial, indicó que será algo que deba valorar la fiscalía aunque "cuando hay una cuestión jurisdiccional esperamos a que se agote el cauce y que la autoridad judicial se pronuncie".

SIEMPRE A DISPOSICION

Por su parte, el decano de los jueces de Valencia, José Luis Gómez-Moreno, aseguró que el Decanato ha intentado solucionar "reiteradamente" la necesidad de una sala para este juicio y ha hecho hasta tres asignaciones: la número 34, la 26 y la 7 y 9 (conjunta), que fue la utilizada finalmente y que ha estado "siempre" a disposición del juzgado y además "libre" durante meses y se hubiera podido ocupar en cualquier momento.

Según su versión, en este caso se ha producido un "cúmulo de circunstancias no ordinarias", con un "número de encartados enorme", con dos detenidos, lo que además planteaba otras circunstancias como la de disponer de una sala con acceso directo a conducciones de la Policía --como exigen en estos supuestos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad-- y un alto número de abogados y familiares, además del fallecimiento del juez inicial.

Señaló que se trata de "excesivas circunstancias en un solo caso" y afirmó que al Decanato únicamente le consta por escrito una petición del juzgado sobre indagación de sala para la vista. No obstante, indicó que todos estos trámites se realizan de forma verbal, por teléfono, e insistió en que "ni ellos han tardado un año en pedirla ni nosotros en darla". En todo caso, destacó que se trata de un servicio --de asignación-- del que se ha hecho cargo el Decanato porque "alguien debe encargarse" y "por la buena de Dios" y se preguntó si no se debe crear uno específico "en tono normativo y con los medios correspondientes".