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Absuelto el presidente de una asociación de consumidores de Jaén juzgado por acusar de fraude a una empresa

JAÉN, 3 (EUROPA PRESS)

El juzgado de lo penal número uno de Jaén ha absuelto al presidente de la Unión de Consumidores (UCE) de Jaén, Alfonso Ibáñez, del delito de calumnias que le imputaba una empresa de instalación del gas butano a domicilio a la que, según denunció, había acusado de fraude.

Según informaron a Europa Press fuentes de la acusación, el titular del juzgado consideró que en las declaraciones realizadas por Ibáñez contra Serbutano "no hay realmente una imputación de un delito" y que sus advertencias sobre las supuestas prácticas de esta empresa se hicieron "con ánimo de informar, no de calumniar".

Asimismo, el magistrado argumentó que la libertad de expresión está por encima del derecho al honor, por lo que concluyó que la sentencia tenía que ser absolutoria, agregaron las citadas fuentes.

Alfonso Ibáñez se enfrentaba a una petición de dos años de prisión o al pago de una multa de 21.600 euros, así como a una indemnización de 60.000 euros, por acusar presuntamente de fraude a una empresa que revisaba las instalaciones de gas butano a domicilio y provocar así supuestamente el cierre de su delegación en Jaén.

El responsable de UCE reconoció haber hecho unas declaraciones a la prensa en agosto de 2003 con las que quería informar a los consumidores sobre unas "presuntas irregularidades" que la empresa habría estado cometiendo en algunos domicilios de la provincia y de las que la citada organización tuvo conocimiento a través de las quejas de varios usuarios.

Ibáñez indicó que se basó "en una información veraz" para efectuar esas declaraciones y que la dio a conocer "sin intención alguna de injuriar a nadie".

En este sentido, la defensa esgrimió un informe de la inspección de Consumo en el que "se cuestionaba la forma de proceder" de esta compañía y en el que aseguraba que la actuación de Serbutano era "absolutamente ilegal" y que suponía "un fraude de ley y una estafa en toda regla", ya que supuestamente en sus revisiones domiciliarias cambiaban piezas "sin necesidad", las instalaban "sin supervisión" del instalador autorizado y cobraban precios por encima de los recomendados.

Por su parte, responsables de la empresa defendieron la legalidad de toda su actuación y subrayaron que los operarios "siempre iban acompañados por instaladores autorizados". Agregaron que la revisión del gas es gratuita y que, a continuación, se informa al cliente del estado de su instalación y se le sugieren cambios si éstos se consideran necesarios. En caso de que el usuario los acepte, previamente se le proporciona el presupuesto del trabajo antes de decidir si se realiza o no.

Estos responsables aseguraron que, tras la publicación de la noticia con las declaraciones Ibáñez, la delegación jiennense de esta empresa recibió quejas de la clientela que le acusaba de "ir engañando y estafando a la gente" y que por ello se vieron obligados a cerrar sus oficinas en Jaén a pesar de "no tener ninguna sanción de Consumo ni de que exista ningún motivo para no operar aquí", ya que la firma estaba "autorizada" por la administración.