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Noticias jurídicasEl CGPJ pide centros para agresores en todas las CC.AA. y revisará el reparto de trabajo en juzgadosMADRID, 24 (EUROPA PRESS)La presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, reclamó hoy a todas las comunidades autónomas una "apuesta más decidida" para poner en marcha de centros específicos para maltratadores que permitan un tratamiento específico de cara a su reinserción, ya que en la actualidad sólo existen en Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana. En declaraciones a Europa Press, con motivo de la celebración mañana del Día contra la Violencia de Género, Comas se mostró esperanzada en que "el próximo año se pueda cumplir este aspecto de la ley" contra los malos tratos. Por otra parte, cuando se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la parte penal de esta Ley, el CGPJ tiene previsto revisar las normas de reparto de trabajo en los juzgados que comparten su función ordinaria con este tipo de casos, para afrontar la "sobrecarga" de trabajo que padecen. Comas asegura que este reparto de trabajo "se hizo de manera incorrecta" en algunos partidos judiciales, algo que es competencia de las juntas de jueces de instrucción y las salas de Gobierno. "Existe la decisión de revisar las normas de reparto para equilibrar el número de asuntos y compensar a todos los jueces", aseguró. Además, el Observatorio pide "un esfuerzo" al Ejecutivo para crear nuevos juzgados específicos, dado que los que comparten funciones tienen problemas de agenda para abordar el resto de casos no relacionados con la violencia, "de tal manera que en ocasiones se ven obligados a suspender algún juicio". Asimismo, reclama recursos humanos y materiales. RESULTADOS POSITIVOS Al margen de estas cuestiones, la presidenta del Observatorio valora que la Ley de Medidas de Protección Integral para la Violencia de Género ha cumplido "objetivos positivos". En primer lugar, destaca que "se ha acabado con la dispersión judicial y el peregrinaje que algunas víctimas tenían que hacer" cuando se veían obligadas a denunciar varias veces a su agresor o plantear posteriormente la demanda de separación o divorcio. Así, se ha logrado que en cada partido judicial un solo juzgado se ocupe de todas las competencias relativas a la violencia de género, tanto en lo referido a la investigación de delitos como de las cuestiones civiles. Según datos del Observatorio, en el primer semestre de 2005 se presentaron un total de 51.213 denuncias por actos de violencia doméstica, de las cuales, en un 90 por ciento, las denunciantes fueron mujeres y el resto hombres. Casi una cuarta parte de las denunciantes eran de nacionalidad extranjera. El número de denuncias se ha incrementado un 8 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, pero en opinión de Comas no supone un incremento de este tipo de delincuencia sino que "ahora las víctimas denuncian gracias a que confían en los Poderes Públicos". El Observatorio también aprecia un aumento de la confianza de las mujeres en el Poder Judicial en virtud del incremento en la solicitud de las órdenes de protección (20.200, con un incremento del 18 por ciento). Los jueces concedieron el 76 por ciento de las peticiones. Comas entiende que las víctimas confían más en el sistema penal y en la respuesta de la judicatura, porque se está demostrando que los jueces han priorizado estos asuntos, se han volcado en poder dar una respuesta judicial con mayor agilidad, eficacia y calidad, respecto a a las víctimas en situación de riesgo. En los primeros seis meses se juzgaron 18.164 personas y fueron condenadas el 63 por ciento. CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Por todo ello, Comas mantiene su apuesta por la norma, a pesar de las tres cuestiones de inconstitucionalidad presentadas, sobre las cuales el Tribunal Constitucional "tiene la última palabra". Comas asegura que "no es una ley sexista" porque se protege a la mujer en las relaciones de pareja en las que los hombres tienen relaciones de dominio, poder, superioridad y actúan de forma violenta. La presidenta del Observatorio recuerda que, en lo que va de año, 55 mujeres han muerto a manos su pareja, lo que sitúa a este problema en "la principal causa de muerte violenta en España y la que mayor número de asesinatos provoca". "La ley integral se hizo para reducir estas insoportables cifras. Hemos de aspirar a un modelo de sociedad de igualdad entre hombres y mujeres y a que ninguna mujer muera por ejercer su libertad", subraya. Para ello, señala la necesidad de que las víctimas expliquen su situación y denuncien "porque es la única manera de que el Estado y la policía la puedan proteger". "Es posible vivir en libertad sin el temor de ser agredida", concluyó. |
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