Noticias jurídicas

Condenan a tres años de prisión a una pareja que obligó a una joven a prostituirse durante nueve meses

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres años de prisión a una pareja que obligó a una joven procedente de Rumania a prostituirse durante nueve meses bajo la amenaza de atentar contra su familia con el fin de apoderarse del dinero que ella ganaba.

Así lo acuerda la sección tercera de la Audiencia madrileña en una sentencia que condena a Bobi C. y a Ana María C. como autores de un delito de prostitución, por el que, además de la pena de prisión, deberán pagar una multa de 2.250 euros e indemnizar a la mujer a la que utilizaron en 6.000 euros. El fallo también absuelve a los encausados de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La resolución jurídica declara probado que la víctima, al encontrarse en una situación de precariedad en su país de origen, Rumania, se puso en contacto con una compañera de colegio que le recomendó venir a España y alojarse en la casa de su hermano y su cuñada, Bobi C. y Ana A.

LA OBLIGABAN A PROSTITUIRSE PARA OBTENER SU DINERO

De este modo, los acusados enviaron a la mujer el billete de autobús para viajar a Madrid, ciudad a la que llegó en febrero de 2004 y donde, obligada por la pareja, comenzó a ejercer la prostitución en un piso del Paseo de las Delicias, recibiendo Ana todo el dinero que la víctima cobraba.

"Creyendo la testigo que en el plazo de un mes dejaría saldada la deuda que tenía por los gastos del viaje sufragados por los acusados, accedió a entregarles el dinero que obtenía de la prostitución", señala la sentencia, que subraya que los procesados se quedaron con el pasaporte de la mujer y no la permitían salir de la vivienda sin compañía.

El texto jurídico indica que, tras reclamar la testigo a los imputados el dinero que recibía por prostituirse, éstos la amenazaron con atentar contra su vida y la de su familia si no seguía ejerciendo la actividad, por lo que continuó en el oficio hasta que pudo denunciarlo ante la policía, en octubre de 2004.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, recoge que sobre los hechos enjuiciados "los acusados no emplearon a la víctima, quien, cuando vino de su país a Madrid ya conocía que iba a ejercer al prostitución, ejerciéndola en un lugar que no regentaban los procesados".