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Los fiscales creen que la reforma sobre prescripción de delitos crea inseguridad jurídica y perjudica a las víctimas

El informe, que estudiará mañana el Consejo Fiscal, valora positivamente las penas sustitutivas de la prisión.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal (CP) que debatirá mañana el Consejo Fiscal critica la nueva redacción dada a los artículos sobre prescripción de los delitos, ya que mantiene la confusión respecto del momento en el que la responsabilidad penal debe considerarse extinguida, lo que perjudica especialmente a los derechos de las vícitmas.

La reforma propuesta del artículo 132.2 del CP, cuyo objetivo es adaptar este criterio a la doctrina del Tribunal Constitucional, señala que la prescripción de un delito quedará interrumpida "cuando el procedimiento se dirija contra persona determinada que aparezca indiciarimente como culpable".

Añade que el procedimiento se entenderá "dirigido" contra la persona referida en el momento "en que se produzca actuación material sustancial del juez instructor, o cuando éste o el Ministerio Fiscal ordenen a la Policía judicial la práctica de diligencias orientadas a su detención".

La expresión "actuación material sustancial" no esclarece, según los fiscales, si los actos dirigidos a la obtención de pruebas sobre la participación de una persona determinada en hechos delictivos interrumpen necesariamente la prescripción, "especialmente cuando el resultado de tales actos de instrucción es negativo y no permiten concretar la imputación".

Según el informe que estudiará el Consejo Fiscal, "la utilización de cláusulas generales en la regulación de la prescripción no resulta conforme con el principio de legalidad, porque favorece la inseguridad juridica al permitir resolver en más de un sentido".

El informe subraya que el nuevo criterio puede afectar negativamente a los derechos de las víctimas, puesto que entre la recepción de la 'notitia criminis' por un órgano judicial y la realización de la primera 'actuación material sustancial' del juez puede ocurrir que el delito caduque por motivos no imputables a quien lo sufrió. Por todo ello, se propone modificar la redacción de este artículo.

RESPONSABILIDAD CRIMINAL.

Por otra parte, el informe considera "perturbadora" la agravante genérica que introduce la reforma para los delitos de estafa, ya que si quiere introducir una específica referencia a la imputación subjetiva tendente a eliminar cualquier interpretación contraria al principio de culpabilidad y desterrar el más mínimo vestigo de responsabilidad objetiva, debería hacerse mediante la modificación de los subtipos agravados, "que el Anteproyecto curiosamente no aborda".

El escrito explica que la agravación no es, propiamente, una circunstancia coetánea al delito, sino posterior, porque se basa en la ruina o postración económica de la víctima o su familia. "Los problemas probatorios serán arduos, existiendo el riesgo de confundir las responsabilidades a indemnizar por el culpable con la estimación de la nueva agravante", concluyen los fiscales.

PERSONAS JURIDICAS.

En cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas, se explica que el anteproyecto "aborda de forma decidida la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, superando definitivamente el axioma 'societas delinquere non potest'", como ya ocurre en otros países de nuestro entorno.

La Fiscalía entiende que el sistema de incriminación específica establecido en la reforma es el adecuado, aunque sugiere añadir a su responsabilidad otras infracciones diferentes, además de los delitos de ámbito económico. En este sentido, explica que "la finalidad de la propuesta es 'abrir' al puerta a la incriminación de la sociedad a través de quienes 'realmente' controlan la sociedad"

Los fiscales proponen "el establecimiento de una responsabilidad a la persona jurídica cuando aparezca probada la existencia de un hecho delictivo por la cual la persona jurídica pueda ser sancionada, que redunde en beneficio de la persona jurídica, cuando el sujeto activo del delito hubiera fallecido o se hubiera sustraído a la acción de la justicia".

El informe advierte de que la multa por cuotas o proporcional que establece el Código Penal para las personas jurídicas debe ser lo suficientemente elevada, ya que si "no se corresponde con la ventaja obtenida por la sociedad", ésta "la amortiza fácilmente incluyéndola en el capítulo de costos". Por eso agrega que "en modo alguno sería ejemplarizante que por la vía de la incriminación penal pudiera llegarse a imponer sanciones económicas de menor importancia que las establecidas administrativamente. Si se trata de penas económicas deben tener un efecto de prevención general, disuasorio, que contribuya a evitar la comisión del delito".

Por otra parte, el Consejo Fiscal "valora positivamente" que la reforma del Código Penal prevea penas de cárcel para los integrantes de bandas de delincuencia organizada (con penas de hasta 9 años de cárcel). En este sentido, subraya que la "agravación de la respuesta penal" ante este tipo de organizaciones se produce "en consonancia con la trascendencia que internacionalmente ha adquirido la delincuencia organizada". También acoge favorablemente que se pueda decretar la disolución, u otras medidas sancionadoras, contra estas bandas criminales.

ACOSO LABORAL

El Consejo Fiscal considera que el anteproyecto de reforma plantea, "con indiscutible razón", la inclusión de una "respuesta específica" al acoso laboral. En su opinión, la redacción del precepto resulta "excesivamente enigmática", por lo que "convendría una redacción más clara" que especifique si se tipifica como delito el acoso en el ámbito laboral exclusivamente o también en el seno de otras relaciones contractuales.

En este sentido, considera aconsejable que este delito se aplique también a la "relación arrendaticia emponzoñada por el arrendador, con el fin de quebrar la voluntad de su inquilino, forzándole a renunciar al contrato". Sin embargo, agrega, "la falta de mayor precisión del tipo" puede "generar cierta intertidumbre interpretativa", que provoque inseguridad jurídica o su "pura y simple inaplicación".

Por otra parte, el informe pregunta por qué el anteproyecto excluye de este precepto el 'mobbing' producido en la Administración Pública. Según el Consejo, si existen razones para hacerlo deberían explicarse y, si no las hay, estos comportamientos también deberían incluirse en la redacción de este nuevo delito.

El Consejo Fiscal propone que se consideren "reos habituales", que implica restricciones para la suspensión y sustitución de penas, a las personas que cometan tres o más delitos imprudentes (como los delitos contra los trabajadores, el medio ambiente, la salud pública, los estragos o los incendios) castigados con penas equivalentes o superiores a las previstas para el homicidio y las lesiones imprudentes.

MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA PRISIÓN

El informe también acoge favorablemente la introducción de los arrestos de fin de semana como medida sustitutiva de la pena de prisión, a pesar de que fue suprimida en 2003 porque había supuesto un "fracaso".

Sin embargo, el informe la considera "plenamente adecuada" y augura su "futuro éxito" ya que, a diferencia de su anterior formulación, el anteproyecto reserva esta medida para "delincuentes ocasionales con vinculaciones familiares y sociales", para quienes la prisión provoca "consecuencias desocializadoras colaterales", como la pérdida de su trabajo, "mucho más aflictivas" que la propia pena de cárcel.

Asimismo, el borrador pide derogar la obligación de imponer una orden de alejamiento en los casos de violencia doméstica, al considerar que la extensión de esta medida a todos los casos la hacen "más irracional e injusta", por lo que ha generado críticas unánimes y "efectos claramente injustos".