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'Pipol'.- Los abogados de Toro y Trashorras piden la absolución de sus clientes al negar el tráfico de explosivos

GIJÓN, 23 (EUROPA PRESS)

Los abogados de Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras, ambos procesados en el sumario del 11-M, pidieron hoy la libre absolución en la sesión del juicio por el caso 'Pipol' que se celebra en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón. Ambos letrados negaron la relación de sus clientes tanto con el tráfico de explosivos como con el de drogas.

El letrado que ejerce la defensa de Trashorras, Gerardo Turiel, aseguró que su cliente "no participó en ninguna venta, ni ofrecimiento ni tenencia, ni posesión de dinamita ni tampoco guardaba ninguna relación con los explosivos" que la policía incautó en una plaza de garaje de Avilés. El letrado negó, asimismo, que exista relación de Trashorras con el alquiler de la plaza de garaje que, según considera probado el fiscal en las modificaciones de escrito, compartían Trashorras, Toro y José Ignacio Fernández Díaz 'Nayo'.

Turiel negó también los hechos que se le imputan al ex minero en lo relativo al tráfico de droga y por el que el fiscal le pide una pena de diez años de cárcel. "Mi cliente es ajeno a los hechos", dijo Turiel ante el juez.

Por otra parte, la defensa de Toro, ejercida por María Teresa Suárez, tampoco reconoce la implicación de éste en el tráfico de explosivos. La abogada solicitó, además, la impugnación de las grabaciones de conversaciones telefónicas que supuestamente implican a Antonio Toro en el tráfico de drogas.

En el caso de que el juez no estime su solicitud, la letrada pide la pena mínima para su cliente de seis meses de cárcel y una multa de 10.000 euros al aplicarle el atenuante de haber sido detenido por tráfico de hachís a pequeña escala. En este sentido, la letrada argumentó que el hachís "es una sustancia que no causa grave daño a la salud".

La letrada recordó además en sus calificaciones, que Antonio Toro colaboró con la policía en el momento de su detención e indicó donde estaba el garaje en el que se localizó la droga y los explosivos.

En cuanto al narco gallego Marcos B. M., su defensa, Ricardo Álvarez Buylla, alegó que su cliente tuvo "una infancia y una adolescencia muy dura" debido a que el padre consumía "grandes cantidades de alcohol y maltrataba a su madre". Añadió que Marcos "comenzó a consumir alcohol y cannabis a los 12 años y a los 14 consumía drogas tóxicas como LSD y cocaína, a los 16 se afianzó en el consumo de esta última sustancia y a los 18 consumía drogas sintéticas (...)".

El abogado del gallego aseguró que en sus declaraciones ante la policía tenía mermadas sus facultades por los efectos de la droga.

Álvarez-Buylla negó, asimismo que su cliente sea la persona que aparece en las conversaciones telefónicas que fueron aportadas como prueba en el juicio. Declaró, también, que se han vulnerado los derechos fundamentales del gallego en cuanto al secreto de las comunicaciones y "las dilaciones indebidas del proceso".

Los abogados de los otros inculpados pidieron también la absolución, salvo los de Florentino G. M., Jorge C. M., Antonio R. F. y el de Tomás R. M. que llegaron a una conformidad con el ministerio fiscal al reconocer los hechos. En estos casos se rebajó la pena a cuatro años y seis meses de prisión al aplicarles el atenuante de toxicomanías.

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