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Simmar (Agbar) condenada a pagar a sus empleados un plus del 20% por toxicidad

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La empresa de tratamiento de aguas Simmar de Mataró (Barcelona), perteneciente al grupo Agbar, deberá pagar a sus trabajadores un plus del 20% sobre el salario base en concepto de toxicidad, según dicta una sentencia del Tribunal Supremo.

El delegado de prevención de CC.OO. de Catalunya, Jordi Oliva, explicó a Europa Press que la mayoría de los 51 trabajadores de Simmar recibirá el plus, para el que existe como condición de cobro que el empleado esté en contacto directo con las aguas a tratar.

La cuantía que deberá abonar la empresa corresponde a la comprendida entre el periodo entre abril de 2004 y la actualidad --en concepto de atrasos-- y de ahora en adelante. La fecha de inicio de los pagos corresponde a la primera sentencia en favor de los trabajadores que emitió el Juzgado de los Social número 2 de Mataró en abril de 2004.

Desde entonces, el caso ha pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y por el Supremo, que dictó sentencia el pasado 15 de septiembre. Hasta ahora, empresa y representantes de la plantilla han estado negociando el cobro del plus de toxicidad que marca el juez, que todavía no se ha hecho efectivo.

Simmar ha intentado llegar a un acuerdo de sector para homogeneizar el cobro de estos incrementos salariales por toxicidad, pero el resto de empresas se niegan a pagar, aunque sí se muestran a favor de incrementar la inversión en prevención de riesgos laborales.

Para conseguir un plus de toxicidad, la plantilla de unas tres o cuatro empresas del área de Barcelona están estudiando llevar el caso a los tribunales, tal y como ha pasado con Simmar, ya que el convenio provincial de empresas de tratamiento de aguas y lodos prevé esta medida de compensación salarial.

El reglamento de la Generalitat no incluye a este tipo de empresas como expuestas a riesgos químicos o biológicos contabilizados, una categoría que reclamó el representante de CC.OO. para que las empresas del sector estén obligadas a mantener unos protocolos de seguridad más estrictos.

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