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Jueces, fiscales y Cuerpos de Seguridad alertan de la falta de regulación de los delitos informáticos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Magistrados, fiscales, fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y consumidores coincidieron hoy en la necesidad de crear una ley que regule los medios de investigación policial y prueba para luchar contra los delitos informáticos.

Representantes de las administraciones judiciales y de los Cuerpos de Seguridad del Estado participaron hoy en las Jornadas sobre Protección Penal de los Consumidores organizadas por la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), que se celebran estos días en Madrid.

Durante su intervención, el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro Servet, declaró que "se dispara con tirachinas cuando se ataca con tecnología punta". Magro destacó la "limitación" actual de los recursos legales en España para luchar contra figuras delictivas cada vez más sofisticadas como el 'phising', el 'skiming' o la estafa informática.

El magistrado destacó que "ya no se puede esperar más" para el desarrollo de una regulación, dada la proliferación de actuaciones delictivas y lo "complejo" de los mecanismos por los que se ejecutan. Magro afirmó que el instrumento "óptimo" sería el desarrollo de un capítulo específico en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por su parte, el representante de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, aludió a la "impunidad" con la que es posible actuar desde establecimientos como cybercafés o bibliotecas públicas donde "no es necesaria la identificación del usuario y el delito se realiza desde el anonimato".

Por último, José Antonio Lozano, director del Centro de Observación del delito económico, alertó sobre los correos electrónicos que "previsiblemente los usuarios recibirá estas próximas Navidades con aparentes felicitaciones adjuntas" y aconsejó evitar su apertura ante la posibilidad de que contengan programas-espía de rastreo de datos personales o sensibles.

Por su parte, la Ceaccu propuso la creación de una Red de Alerta de Protección Penal al Consumidor contra este tipo de delitos.


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