Actualidad jurídica

Una nueva sentencia allana la demolición del ‘mamotreto’ de Las Teresitas en Tenerife

Los condenados en la vía penal pretendían que el Ayuntamiento legalizase parte de las obras. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo advierte que la modificación del planeamiento será competencia municipal y no “derecho subjetivo” de los promotores

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso interpuesto por los condenados en el caso del ‘mamotreto’ de Las Teresitas -los exconcejales de la capital santacrucera Manuel Parejo y Norberto Plasencia, la extécnica de infraestructuras Loreto Ariz y el funcionario de urbanismo Epifano Gómez- contra la negativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a la petición de los recurrentes para modificar la normativa urbanística y evitar así parte de la demolición de la construcción en la playa capitalina.

Los recurrentes fueron condenados en su día por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, además de a distintas penas de prisión e inhabilitación por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio, a costear la demolición del edificio de aparcamientos, pero el fallo en apelación de la Audiencia, si bien confirmó la condena, dejó abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiera legalizar parte de las obras ilícitas -y con ello evitara parte de la demolición- si se producía una modificación del planeamiento municipal.

Los condenados pidieron al Ayuntamiento que llevase a cabo estas modificaciones, y al recibir una respuesta negativa de la Corporación, en abril de 2016, acudieron a la jurisdicción contencioso administrativa, que ahora no sólo ha desestimado el recurso, sino que les ha condenado en costas. El fallo considera “paradójico” que “quienes han resultado ser condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se alcen ante esta jurisdicción en defensa del patrimonio municipal”.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo entiende que la decisión de proceder o no a la legalización instada por los condenados es competencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y no un “derecho subjetivo” de los condenados, y explica que al haber sido acordada en la vía penal, la cuestión corresponde al incidente de ejecución de aquel fallo. Recuerda en este sentido la autoridad judicial la existencia de un auto del Juzgado de lo Penal que conmina al Ayuntamiento a la “demolición total de la obra”.

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